Cuando el banco de inversión estadounidense Lehman Brothers se declaró en bancarrota en septiembre de 2008, las autoridades en el mundo desarrollado respondieron de manera coordinada para limitar los efectos económicos: los gobiernos implementaron enormes paquetes de gasto público y los bancos centrales recortaron las tasas de interés hasta sus mínimos históricos para estimular la demanda.
Sin embargo, el aumento considerable en los niveles de deuda y de déficit llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a sugerirles a estas naciones, en 2010, que iniciaran un proceso de consolidación fiscal. Esto significó que los organismos emisores tuvieron que asumir casi toda la carga para guiar la recuperación.
A pesar de ocho años de estímulos monetarios sin precedentes, estos mercados aún no han podido retomar las tasas de crecimiento vistas antes de la crisis y diversos analistas han alertado que las entidades monetarias están llegando al límite de sus capacidades.
Por esto mismo, no es de extrañar que los líderes de los grandes bancos centrales, así como entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y el propio FMI estén llamando a los políticos a hacer su parte.
"Cuando se trata de apoyar la demanda, los bancos centrales han hecho grandes esfuerzos en años recientes. Ahora, la política fiscal necesita jugar un rol más importante en países que tienen espacio de gasto adicional", aseguró hace unas semanas Christine Lagarde, directora gerente del FMI.
En su último informe, la Ocde advirtió que "la política monetaria ha estado sobrecargada y está creando distorsiones en los mercados financieros". Y afirmó que un respaldo monetario efectivo "requiere una mayor política fiscal colectiva".
Canadá a la cabeza
La nación que ha tomado la iniciativa en términos de aflojar el cinturón público es Canadá. El primer ministro, Justin Trudeau, anunció en marzo un paquete de estímulo por 12 mil millones de dólares canadienses (US$ 9 mil millones) para este año fiscal y, el mes pasado, el líder liberal se comprometió a desembolsar 60 mil millones de dólares canadienses (US$ 45 mil millones) en nueva infraestructura en los próximos 10 años, lo que elevaría el PIB en 1% en 2017-2018, según el Ejecutivo.
Su par japonés, Shinzo Abe, también reveló en agosto un programa de ayuda por 28 billones de yenes (US$ 272 mil millones), lo que se sumó a la postergación de un alza en el impuesto al consumo desde abril de 2017 hasta fines de 2019.
Corea del Sur es otra de las naciones que han optado por aplicar un mayor gasto público, con una iniciativa de más de 20 billones de wones (US$ 18 mil millones).
Se espera que el ministro de Hacienda británico, Philip Hammond, anuncie cambios a la política fiscal austera para contrarrestar los efectos del Brexit.
En tanto, los dos candidatos a la presidencia de EE.UU., Hillary Clinton y Donald Trump, han adelantado que planean invertir al menos US$ 275 mil millones en infraestructura en cinco años.
Incluso Alemania, un férreo defensor de la rigurosidad fiscal, podría rebajar los gravámenes en hasta 15 mil millones de euros (US$ 17 mil millones) en 2017 para fomentar la actividad local.
La consultora Oxford Economics estima que un impulso equivalente a 1% del PIB en la inversión gubernamental en un período de dos años elevaría el nivel del PIB en los países del G7 entre 0,6% y 1,4% de manera individual a 2017, con incluso mayores alzas si todos lo hicieran simultáneamente.
