Luego que se conociera un nuevo caso vinculado a posibles irregularidades en la entrega de subsidios en la Región del Biobío, correspondiente a la comuna de Bulnes, el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, le restó importancia a la incidencia de esta nueva arista en el caso de la ex intendenta Jacqueline van Rysselberghe.

Al respecto, el parlamentario UDI sostuvo que "estos son los últimos coletazos de una situación que ha afectado a la intendenta". En ese sentido, dijo que "no percibo en ella una afectación grave a su reputación".

Las palabras del diputado gremialista buscan bajar la tensión en torno a un caso que ha complicado al gobierno por más de dos meses, en momentos en que la oposición decidió retirar la acusación constitucional en contra de la ex intendenta. Según Melero, esa decisión "fue un paso importante".

El caso, sin embargo, es visto tanto por la fiscalía regional como por la Contraloría, tal como lo indicó ayer el titular del organismo, Ramiro Mendoza, al explicar que las investigaciones contra Van Rysselberghe siguen en marcha.

En ese contexto, Melero dijo a La Tercera que la ex autoridad regional "tiene que estar siempre disponible a los requerimientos de los Tribunales o de Contraloría".

En todo caso, el titular de la Cámara afirmó que "ella va a tener, sin duda, todos los elementos para defenderse de los requerimientos".

El hecho cobró mayor relevancia luego que la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, abordara el tema, y revelara las gestiones realizadas desde su cartera al respecto. "Mandé un oficio al Serviu de la VIII Región para que presentara los casos al fiscal, para llevar el tema a la justicia, pues se trata de certificados que son falsos", dijo ayer la secretaria de Estado.

Con esas palabras, Matte hizo referencia a las denuncias respecto a que en la comuna de Bulnes se habrían encontrado 52 certificados de inahitabilidad adulterados. Los documentos incluyen a las poblaciones Nuevo Amanecer y Nueva Aurora. El caso se remonta a octubre del año pasado, cuando la entonces jefa regional habría prometido a vecinos del sector una solución habitacional definitiva, situación similar a lo ocurrido en la población Aurora de Chile, caso que hizo estallar la polémica tras la denuncia del senador Alejandro Navarro.