Tras la reunión que sostuvo hoy la mesa de diálogo formada para analizar y apoyar a los jóvenes implicados en el Caso Bombas, los miembros de la instancia anunciaron la presentación de un oficio de fiscalización al Ministerio Público por la posible pérdida de evidencia en la investigación.
El diputado Tucapel Jiménez, miembro de la mesa de diálogo y de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, explicó que "hay una empresa privada que trabaja para la Defensoría Público quienes nos han informado que la misma fiscalía le habría entregado información por escrito de que una prueba se destruyó".
"Resulta al menos sospechoso, inentendible", dijo el parlamentario que aseguró que la comisión pedirá información "para saber si esto es o no efectivo".
Luego, en conversación con La Tercera, el parlamentario dijo que la empresa se llama "Criminalística Sav que es una empresa que contrató la Defensoría Pública para hacer las contramuestras".
Luego de la reunión, el legislador explicó que en la cita además se acordó la presentación de un proyecto que pretende "sensibilizar a todos los sectores para que terminemos con la ley Antiterrorista".
Jiménez explicó que los tres puntos son modificar "los periodos largos de incomunicación que sufren los detenidos, los testigos protegidos" y "las condenas que resultan increíbles en un sistema democrático".
Además se invitará al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
