"La Presidenta de la República debiera manifestar públicamente, en representación del Estado de Chile, una petición de perdón, por las consecuencias que ha provocado este conflicto a todas las víctimas de la violencia en la región", recomienda el Informe de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía y a cuyo borrador tuvo acceso en exclusiva La Tercera.
El documento de 45 páginas corresponde al último borrador de la propuesta que incluye las principales conclusiones de la Comisión que sesionó en Temuco, desde agosto de 2016, y que fue creada tras la primera visita de la Presidenta Michelle Bachelet a La Araucanía. En aquella oportunidad la Mandataria se comprometió a establecer una mesa de diálogo para levantar propuestas específicas para abordar el conflicto.
La Comisión estuvo presidida por Monseñor Héctor Vargas Bastidas, Obispo de la Diócesis San José de Temuco, como facilitador del diálogo y por diversos representantes del mundo ciudadano, académico, político y empresarial de la región, entre los que destacan Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia 2012; Emilio Taladriz, director de la Multigremial de La Araucanía; Elicura Chihuailaf, poeta y docente; y Guillermo Turner, Gerente Asuntos Corporativos Empresas CMPC, entre otros.
Para llevar a cabo su trabajo se organizó en cuatro subcomisiones relativas a Historia, Cultura y Educación; Reconocimiento y Paz Social; Desarrollo Productivo Sustentable; e Institucionalidad y Legislación, cada una de las cuales abordó temáticas específicas.
Cada subcomisión se valió para esto de los aportes de 75 invitados, cuyas opiniones se recogen en las distintas propuestas del informe. En los seis meses de sesiones expusieron víctimas de la violencia rural, ex autoridades de gobierno, parlamentarios, dirigentes mapuche, académicos y líderes del mundo empresarial.
Representación parlamentaria
Del conjunto de medidas que propone el documento, la Comisión acordó priorizar 12 que consideran "esenciales" en el corto y mediano plazo y que "permitirían dar señales claras del interés del Estado por asumir y hacerse cargo del necesidades de La Araucanía y contribuir a la construcción de una región verdaderamente intercultural".
Destacan entre estas 12 medidas la representación política de los Pueblos Indígenas en el Congreso Nacional, siguiendo la experiencia de escaños reservado o cuotas parlamentarias como las existentes en países como Nueva Zelanda, Colombia y Guatemala, "los que han permitido potenciar el liderazgo en los distintos pueblos y generar interlocutores con el Estado para las decisiones que les competen".
El texto agrega que "si bien la implementación de esta medida genera desafíos, implica un esfuerzo adicional del Estado (...) En caso de implementar esta medida, las cifras actuales de participación política de los pueblos indígenas son claras, ya que siendo aproximadamente el 10% de la población nacional, los indígenas tienen una representación parlamentaria inferior al 2% (2 diputados)".
Respecto al perdón público de la Mandataria, similar al que realizara en 2014 el ex intendente Francisco Huenchumilla al pueblo mapuche, figura en el documento como "punto de partida" para el establecimiento de la paz social en La Araucanía.
"En primer lugar corresponde al Estado reconocer sus errores, pedir perdón y poner en marcha políticas de corto, mediano y largo plazo para reparar a la región", subraya el texto.
A juicio de la Comisión "es posible advertir la existencia de un resentimiento de los sectores en conflicto en La Araucanía con el Estado. Se requiere asumir que se han tomado medidas equivocadas que lejos de atenuar, han agudizado la postergación de la región".
La Comisión considera que para revertir esta situación se requiere reconocer los errores cometidos y repararlos inspirados en la justicia.
"En este sentido -agrega el documento- se ha optado por poner la reparación de las víctimas en primer lugar considerando la dramática situación que ellas enfrentan y que amerita medidas inmediatas".
Se propone al respecto la creación de una Comisión de Reparación, un Registro Público de víctimas de los últimos 25 años y la dictación de una ley para crear un Fondo de Reparación. "La violencia no es nunca el camino para conseguir resultados políticos […]. Debemos insistir en el diálogo intercultural como el mejor mecanismo para construir el futuro que demandan quienes se asentaron en este territorio interétnico", concluyen los comisionados.
En este sentido, agrega el documento, "la profesionalidad que supondrán estos procesos generan la necesidad de que la configuración y administración de dicho padrón sean de responsabilidad del Servicio Electoral".
La Comisión advierte que la implementación de algunas de estas medidas supone la realización de un proceso de consulta en conformidad con el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la normativa vigente en la materia.
