México descarta privatizar servicio eléctrico tras liquidar empresa pública

El Gobierno de México aseguró hoy que el servicio de energía eléctrica no será privatizado después de que esta madrugada fue liquidada la empresa pública que abastece al centro del país y sus instalaciones tomadas por cientos de agentes federales.

Por la liquidación de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC) el gobierno federal desembolsará hasta 20.000 millones de pesos (US$1.538 millones) para indemnizar a los trabajadores, que según el sindicato suman 66.000, de los cuales unos 20.000 son jubilados.

La medida no implica la privatización del servicio eléctrico, el cual seguirá en manos del Estado, "como lo ordena la Constitución", dijo el ministro del Interior, Fernando Gómez Mont, al asegurar que la extinción se debe a que la "situación financiera era insostenible" y no a una acción contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Afirmó en rueda de prensa que no hay orden de detención contra el líder sindical Martín Esparza (quien no es reconocido por el Gobierno como tal), con quien tuvo comunicación la madrugada de hoy y que esperaba recibirlo a él y otros trabajadores en las siguientes horas para dialogar sobre el proceso de liquidación.

Además, dijo que la ocupación de las instalaciones por parte de la policía federal se realizó "sin costo humano que lamentar".

Las funciones de LyFC han sido asumidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la principal empresa pública eléctrica del país.

Gómez Mont estuvo acompañado en la rueda de prensa por los ministros de Hacienda, Agustín Carstens, del Trabajo, Javier Lozano, y de Energía, Georgina Kessel.

Cartens dijo que la liquidación de los trabajadores sumará 16.000 millones de pesos (US$1.230 millones), pero que el Gobierno está dispuesto a elevar ese monto, para hacer "más tersa la transición", a 20.000 millones de pesos (US$1.538 millones) si aceptan el pago antes del 14 de noviembre.

Por lo que toca a los jubilados, el ministro del Trabajo dijo que el Gobierno federal "asume de manera vitalicia el pago de las jubilaciones".

Gómez Mont enumeró las causas que llevaron al decreto presidencial de liquidación de la compañía, entre las que están los grandes transferencias de recursos presupuestales, que de mantenerse hubieran obligado a elevar las tarifas eléctricas a los usuarios de manera "desproporcionada y pedir más impuestos a los contribuyentes".

Prácticamente todas las decisiones de la empresa "tenían que tomarse en función de las demandas del sindicato y no de los intereses de los usuarios", lo que mermó su productividad, dijo.

"Al momento de su extinción, LyFC registraba pérdidas de casi la tercera parte de la electricidad que distribuía comparado con alrededor del diez por ciento que registra la CFE", dijo Gómez Mont, al asegurar que el número de trabajadores crecía de manera desproporcionada, no por necesidad de la empresa sino por exigencias del sindicato.

Comparó la situación entre la CFE y LyFC, al señalar que en la primera hay un "trabajador de distribución" por cada 627 usuarios, en cambio en la segunda había un empleado por 291 clientes.

Según Gómez Mont, la disolución de la empresa traerá importantes "beneficios" para los usuarios y contribuirá a elevar la competitividad de las empresas en el centro del país.

LyFC suministraba energía eléctrica al Distrito Federal, a 82 municipios del Estado de México, a 45 de Hidalgo, dos de Morelos y tres de Puebla, con una población total de 25 millones de personas.