Miles de manifestantes encabezados por los padres de los 43 estudiantes mexicanos probablemente asesinados en septiembre pasado bloquearon algunas horas este jueves la autopista que conecta a Ciudad de México con Acapulco (sur), en otra movilización por el atroz crimen, constató la AFP.
La protesta, en la que participaron unas 15.000 personas según los organizadores, concluyó sin incidentes después de cuatro horas. Las autoridades habían advertido previamente que desalojarían con fuerzas de seguridad cualquier manifestación en esa importante ruta.
El año pasado, las protestas alcanzaron momentos críticos con el intento de incendio del Congreso estatal y otros edificios públicos.
Este jueves, previo al bloqueo, los manifestantes marcharon en Chilpancingo, capital de Guerrero -ubicada a 276 km de Ciudad de México-, estado al que pertenece el turístico Acapulco e Iguala, donde el 26 de septiembre los estudiantes desaparecieron tras ser baleados por policías municipales y sicarios.
Ante instalaciones del Ejército, los manifestantes hicieron un mitin en el que volvieron a asegurar que militares estuvieron involucrados en la "desaparición forzada" de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa (Guerrero), algo que el gobierno niega tajantemente.
"Ya denunciamos en Suiza el hecho y se condenó al gobierno de (el presidente mexicano) Enrique Peña Nieto, por desaparición forzada; estamos en espera de que se emita (por parte de la ONU) una recomendación", dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, que amenazan con impedir los comicios intermedios de junio próximo.
El 2 de febrero los padres de los desaparecidos, cuyo drama sigue provocando movilizaciones en México y varias partes del mundo, relataron en Ginebra (Suiza) ante el Comité Desaparición Forzada de las Naciones Unidas el calvario que han sufrido y su interpretación del desempeño del Estado mexicano, al que califican como "inepto".
Durante el examen de la ONU a México efectuado el 3 de febrero en Ginebra, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana, Juan Manuel Gómez, anunció que probablemente este año el país tendrá una Ley de Desaparición Forzada.
La fiscalía mexicana dijo la semana pasada que tiene la "certeza legal" de que los jóvenes fueron asesinados por el cartel Guerreros Unidos e incinerados en un aislado basurero de Cocula, municipio vecino de Iguala, y sus restos arrojados a un río, una versión que sus padres se niegan a aceptar.
