El gobierno de facto de Roberto Micheletti clausuró hoy dos medios de comunicación e impidió que los seguidores del Presidente depuesto, Manuel Zelaya, marcharan por Tegucigalpa y otros puntos de Honduras, que cumple tres meses del derrocamiento en estado de sitio.

Apenas horas después de que el Gobierno informara en la noche del domingo de un decreto que suspende varias garantías constitucionales, incluida la libertad de prensa, fuerzas policiales y militares irrumpieron hoy a las 05.20 hora local (11.20 GMT) en la emisora Radio Globo para tomar las instalaciones.

La intervención fue "igual a cuando entraron el día 28 de junio", relató el dueño del medio, Alejandro Villatoro, al recordar la fecha en que los militares expulsaron del país y del poder a Zelaya.

El cierre del edificio no impidió, sin embargo, que el medio consiguiera burlar el cierre policial y saliera de nuevo al aire a través de Internet, transmitiendo desde una casa, explicó Villatoro.

Menos suerte tuvo el canal 36 de televisión, Cholusat Sur, también intervenido y con sus instalaciones rodeadas de policías y militares que impiden el paso desde la madrugada.

Tanto Radio Globo como Cholusat Sur son dos de los escasos medios que han difundido las opiniones de Zelaya y de sus seguidores en Honduras desde el golpe.

El cierre se realizó al amparo de un decreto que suspende las libertades constitucionales de prensa, reunión y circulación, entre otras, durante 45 días.

Esa norma prohíbe "emitir publicaciones por cualquier medio (...) que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o atenten contra la ley, y las resoluciones gubernamentales; o de cualquier modo atenten contra la paz y el orden público".

Alrededor de dos centenares de Policías impidieron hoy la marcha convocada en la capital hondureña por el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, que agrupa a colectivos sociales y sindicales.

Los efectivos policiales se apostaron a ambos lados de la calle de la Universidad Pedagógica, lugar habitual del comienzo de las marchas desde el derrocamiento de Zelaya, impidiendo el movimiento de cientos de manifestantes.

El operativo incluye un helicóptero y un carro antidisturbios con cañón de agua que ha sido desplazado hasta la zona.

"Está ocurriendo lo mismo en todo el país, se le está impidiendo a la gente que salga a manifestarse", dijo a los periodistas el dirigente campesino Rafael Alegría, uno de los líderes del Frente.

"Esperamos que el Congreso no apruebe el decreto que restringe los derechos del pueblo por parte de este Gobierno golpista que quiere quedarse en el poder más allá de las elecciones y del 27 de enero", cuando acaba el mandato de Zelaya, indicó el también dirigente del Frente Juan Barahona.

Barahona se refirió a la aprobación que debe dar el Congreso en el plazo de 30 días al decreto que suspende las garantías y que también fue criticado hoy por el candidato a la Presidencia del Partido Nacional, Profirio Lobo, líder en las encuestas para los comicios de noviembre.

"No podemos estar a favor de nada que restrinja lo que es un derecho de todos, que es lo más sagrado que tenemos, que es la libertad", declaró a periodistas locales.

GOBIERNO CONSIDERA "ROTAS" LAS RELACIONES CON BRASIL
El gobierno de facto dijo que "las relaciones están rotas" desde el sábado con Brasil, cuando emitió un comunicado dando un plazo de 10 días para que definan el futuro de Zelaya.

El canciller del gobierno de facto, Carlos López Contreras, dijo que la medida hondureña sólo es una reciprocidad debido a que Brasilia decidió el cierre de la misión diplomática de Honduras.

López Contreras insistió en que fue "Brasil el que rompió" primero con el gobierno de facto al cancelar la embajada hondureña y no reconocer al personal diplomático.

Pero el canciller de facto de Honduras aclaró que eso no significa que se vaya a ingresar a la misión diplomática. "Tenemos cortesía profesional y respeto al pueblo brasileño", indicó el funcionario.

López Contreras insistió no obstante en que el "privilegio de Brasil de tener una embajada en Honduras se acaba en 10 días".

En ese plazo Brasilia tiene que definir el estatus de Zelaya, indicó el canciller hondureño, destacando que o lo entregan a la justicia de Honduras o le conceden el estatus de asilado.

"Eso no significa que el señor Zelaya se va a quedar en la calle o que ingresaremos a la embajada, sino que la misión diplomática se reconocerá como una oficina privada de un gobierno extranjero", explicó.