Luego de que el 23 de agosto se iniciara la tramitación del proyecto de ley que crea la nueva política migratoria, parlamentarios y agrupaciones han criticado los alcances de la iniciativa.
Pero además de los cuestionamientos, el Ejecutivo debe enfrentar hoy la interpelación que hará Chile Vamos al ministro del Interior, Mario Fernández, instancia que estará a cargo de la diputada RN Paulina Núñez, quien lo inquirirá, entre otras cosas, por la demora en la presentación de la iniciativa. "Espero que el ministro responda nuestras preguntas, porque no podemos seguir esperando para tener una política de Estado en materia de migración", señaló.
Para hace frente a las preguntas, la cartera preparó una minuta con datos sobre el proyecto. La Tercera accedió al documento, el que sostiene que la demora de tres años en la presentación fue "fruto de un trabajo participativo" con varias organizaciones, además de enfatizar que la realidad migratoria "cambió drásticamente después de 2013".
Agregan que "tener una migración segura, ordenada y regular (...) supondrá la dotación de más y mejores recursos, para no solo aumentar la cantidad de control sino la calidad de estos". El texto da cuenta de que no hay vínculo de los delitos con la migración. Esta posición es sostenida en estadísticas de Carabineros, las cuales afirman que solo en el 2,8% de los procedimientos policiales de 2016 participaron inmigrantes.
"Por cada un extranjero acusado de ser victimario de un delito de mayor connotación social, siete migrantes fueron víctimas", dice el documento.
Ante las críticas que han surgido porque se decidió no crear un Servicio de Migración y dejar el tema en manos del Ministerio del Interior, la minuta asevera que "burocracia no significa mayor eficiencia", y que una menor institucionalidad permitiría "concentrar los recursos en mejor atención a los migrantes en políticas sociales".
Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) se elaboró un documento titulado "Las 5 tareas pendientes del actual proyecto de Ley de Migraciones", el que iba ser entregado a las autoridades en la primera sesión de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara. "Este proyecto está lejos de las expectativas y de los estándares de los tratados internacionales de DD.HH.", indicó Pablo Valenzuela, director nacional del SJM.
En dos páginas, piden mejorar "la institucionalidad, un sistema de visados que atienda la realidad migratoria, terminar con las ventanas a la discrecionalidad en cuanto a ingresos, y una regulación de las expulsiones", detalló Valenzuela.
Por su parte, Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, consideró la iniciativa como "regresiva y muy restrictiva", y lo cuestionó por no considerar la migración como un derecho.
