Los militares de baja graduación que mantuvieron una huelga durante más de dos semanas en Bolivia en demanda de reformas y el cese de la discriminación retornaron este martes a los cuarteles mientras se tramitan sus pedidos, dijeron fuentes de la protesta.

"Los suboficiales y sargentos, conscientes de nuestras acciones, retornamos a nuestras unidades militares, dispuestos a cumplir lo que la ley disponga",  anunció a la prensa el suboficial Félix Magne, uno de los líderes de las protestas que, de una manera inédita por la disciplina castrense, se instalaron  en las calles de La Paz.

La medida incluye a los 715 militares de menor graduación dados de baja durante el conflicto. La semana pasada, la cúpula castrense había dado muestras  de apertura al ordenar la reincoporación de 430 de ellos. El resto será readmitido en las Fuerzas Armadas paulatinamente.

Mientras tanto, funcionarán dos mesas de trabajo organizadas la semana pasada entre la superioridad y los 'suboficiales comando' (representantes  designados en línea de mando por años de antigüedad) para tratar los pedidos. 

"Estamos abiertos al diálogo", aseguró el suboficial Lorgio Cartagena, líder de la protesta y uno de los 715 pasados a retiro. "Derechos Humanos y la  Defensoría del Pueblo nos enviaron una carta pidiendo que los padres de familia y las esposas den una pausa en sus marchas, se dará un cuarto intermedio en las  movilizaciones", confirmó.

El conflicto militar estalló en abril con la publicación de un anteproyecto  de ley orgánica de las Fuerzas Armadas que planteaba la descolonización, y el  rechazo a la discriminación racial vigente en los cuarteles, donde la mayoría  de los subalternos provienen de los pueblos aymaras o quechuas.

En Bolivia hay unos 10.000 militares de bajo rango, en un total de casi  40.000 miembros de las Fuerzas Armadas.

Se trata de una de las peores crisis de las Fuerzas Armadas después de que  en 1952 fuera desarticulado el Colegio Militar, que forma a oficiales, por una  revolución nacionalista que identificó a la institución como enemiga de los  movimientos populares.

El instituto fue repuesto años después con nuevas reglas, aunque nunca dejó  de ser elitista y propició en las décadas de 1960, 70 y 80 golpes de Estado  contra gobiernos elegidos democráticamente.