Las Fuerzas Armadas de Honduras expresaron hoy su respaldo a una solución negociada, en el marco de la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, a la crisis política del país, causada por el derrocamiento de Manuel Zelaya.
Sin embargo, aclararon, en un comunicado, que esa solución tendrá que ser apegada a "la Constitución y las leyes", en línea con lo planteado por el gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti, designado por el Parlamento para sustituir a Zelaya el día de su defenestración, el 28 de junio.
La institución militar planteó su posición en un comunicado de tres puntos, fechado el pasado día 24, y cuya validez confirmó hoy una alta fuente militar.
"Las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución y de las leyes, por lo cual reafirmamos nuestra subordinación a la autoridad civil en consecuencia con los principios de legalidad y obediencia debida", dice la nota.
Agrega: "Respaldamos una solución a la problemática que atraviesa nuestro país, mediante un proceso de negociación en el marco del Acuerdo de San José. Asimismo, reiteramos nuestro apoyo irrestricto a los resultados de la misma, conforme a nuestra Constitución y demás leyes".
"Las Fuerzas Armadas como institución nacional cumplen y seguirán cumpliendo las misiones que le señala la Constitución y las leyes de la República", concluye el comunicado, que no menciona a Zelaya.
COSTA RICA
Arias propuso el miércoles, en el Acuerdo de San José, la reinstalación condicionada de Zelaya, amnistía política, adelanto de las elecciones de noviembre próximo, una comisión de la verdad y verificación internacional, entre otros puntos.
Zelaya rechazó la propuesta y dio por fracasado el diálogo, mientras que el Gobierno de Micheletti insiste en su negativa al retorno del depuesto presidente, aunque ha dicho que sigue en el proceso auspiciado por Arias.
Micheletti pasó los otros planteamientos de Arias a consulta con el Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y otros órganos del Estado a los que competen las eventuales decisiones sobre ellos.
Pero, sobre el punto más conflictivo, en diversas ocasiones Micheletti, su canciller, Carlos López, y otros funcionarios han reiterado que el retorno de Zelaya es "inaceptable" e "innegociable" porque violaría la Constitución.
El Gobierno de Micheletti sostiene que los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de un mandato de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a petición del Ministerio Público, por violar la Constitución al intentar celebrar una consulta para promover una Asamblea Constituyente, que había sido declarada ilegal y quedó frustrada por su derrocamiento el 28 de junio pasado.
