Las inversiones de compañías como AngloGold Ashanti Ltd. se retrasan en tanto ambiguas regulaciones locales exacerban los efectos de la declinación global del oro. En contraste, florecen las operaciones informales en zonas selváticas y ríos apartados. El gobierno admite que es probable que la cantidad de productores sin licencia haya aumentado respecto del último censo en 2010-2011, cuando constituían el 87% del total de minas de oro.

"El sector informal florece porque es mucho menos evidente", dijo el máximo responsable financiero de Trident Gold Corp., Andrew Smith, en una entrevista desde Medellín. "Su mayor ventaja es que pueden operar en mucho menor escala. Para las compañías internacionales, el mero hecho de empezar a cotizar en bolsa es engorroso".

Si bien las autoridades clausuran la producción no regulada a un ritmo sin precedentes, el crecimiento de nuevas operaciones al margen de las restricciones laborales y medioambientales es aun más rápido, dice la policía.

Grupos armados pueden obtener más ganancias a partir de la minería de oro ilegal que de la cocaína. Un nuevo código de regulación de la industria se vio frustrado en mayo luego de que una corte dictaminara que no se había consultado de forma adecuada a grupos autóctonos.

El Dorado

Colombia atrae buscadores de oro desde la época en que los conquistadores españoles buscaban la mítica ciudad de El Dorado. En el siglo XIX, el país se contaba entre los mayores productores de oro del mundo, pero un siglo después bajó en los rankings como consecuencia de décadas de violencia. En los últimos cinco años, los ingresos producto de las exportaciones de oro se han decuplicado, indican datos del gobierno.

Las dos mayores compañías productoras del país, Mineros SA, que tiene sede en Medellín, y Gran Colombia Gold Corp. de Toronto, aportan entre el 10% y el 15% de la producción anual de 66 toneladas anuales del país y US$3.000 millones en exportaciones, según César Díaz, que está al frente de la Cámara Colombiana de Minería.

El resto procede de operaciones legales en menor escala, de otras que han trabajado en la misma zona durante generaciones sin impuestos ni permisos y de quienes tienen vínculos con grupos criminales o rebeldes, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

En el plano nacional, el 63% de las minas es técnicamente ilegal, dado que carece de supervisión gubernamental y de licencia, indica un informe del Ministerio de Minería de marzo de 2012.

"Grupos ilegales como las FARC suelen llenar ese vacío", dijo Carlos Cante, que dirige el programa del ministerio de lucha contra la minería ilegal, en una entrevista realizada en marzo en Bogotá.