Según el CEP, entre 410 mil y 580 mil escolares serían afectados por la eliminación del financiamiento compartido, como consecuencia de que los recursos extras que compromete el Estado a través de la reforma educacional no alcanzarían a cubrir el gasto real en que hoy incurren por cada alumno los colegios de más alto copago.

El Ministerio de Educación (Mineduc) ha señalado que, al cabo de 10 años de promulgada la ley, cuando los padres dejen de pagar copago, eventualmente habrá estudiantes y colegios que podrían verse afectados, al ser insuficiente la compensación que entregará el Estado por concepto de subvención de gratuidad y por la extensión de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) a la clase media.

Sin embargo, acotaron a 200.000 la cantidad de estudiantes potencialmente afectados, correspondientes a menos de 300 colegios, a diferencia de lo que sostiene el estudio elaborado por los investigadores del CEP Harald Beyer y Sylvia Eyzaguirre.  Ellos plantean que serían entre 600 y 910 los establecimientos que no alcanzarían a compensar, con los dos aportes anunciados, los recursos que se perderían con la eliminación del copago que hoy entregan las familias. Según el estudio, se trataría de quienes desembolsan un copago mayor a $ 22.635.

El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, aseguró en la exposición que realizó ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que si la Unidad de Subvención Educacional (USE), que hoy tiene un valor de  $ 21.058, creciera a una tasa del 7% en los próximos años, los colegios que hoy tienen copago alto no verían en nada disminuidos sus recursos cuando entre en régimen la eliminación obligatoria del copago, que se estima sería en 2026. Incluso, planteó que por el contrario, podrían gozar de un aumento real (ver infografía).

El valor de la subvención está definido por la USE, que en los últimos 10 años ha crecido un 5% anual y se calcula mediante el aumento de las remuneraciones del sector público.

El director ejecutivo de la Fundación Acción Educar, Raúl Figueroa, quien fue asesor jurídico del Mineduc en el gobierno anterior, planteó que todos quienes actualmente pagan más de $ 40 mil, o incluso menos, como plantea el CEP, "quedarían según el proyecto con menor financiamiento que el que tienen hoy". Esto, dijo, "puede producir efectos complejos, como que pasen a ser particulares pagados o que tengan que modificar su proyecto educativo, lo que podría implicar una merma en la calidad, porque  esos recursos no van a poder ser destinados, por ejemplo, a planes especiales".

Según el asesor del Mineduc, Rodrigo Roco, se debe tener en cuenta que el proceso de reforma en curso considera más propuestas legislativas y la inyección de recursos por nuevas vías. "El actual proyecto lo que busca es diseñar la transición para que el país se libere de estos malos incentivos estructurales que impiden que la calidad promedio del sistema se eleve", planteó Roco, refiriéndose a la selección, al copago y al lucro. Y agregó que, "por ejemplo, los recursos que se liberen por efecto del no lucro en los establecimientos del tramo más alto de copago podrán ser reinvertidos en los estudiantes, evitando o disminuyendo así cualquier impacto negativo para ese tipo de establecimiento".

Otro de los aspectos que criticó el estudio del CEP es que pese a que la subvención preferencial, destinada a los más vulnerables, se extiende con el proyecto a la clase media, ésta no podría ser recibida por los alumnos que están en colegios con financiamiento compartido y, por lo tanto, durante la transición hacia el fin del copago, quienes asistan a estos colegios no podrán ser beneficiados.

Roco subrayó que la propuesta de cubrir con la SEP al 80% de los alumnos apunta a "reorientar el gasto" y dijo que "el acceso a la SEP no es un derecho adquirido. Es un beneficio para quienes estudian en establecimientos gratuitos y sí es un incentivo para atraer colegios a la gratuidad".

PÉRDIDA POR LUCRO

El asesor detalló que "estas trabas son, por un lado, el lucro como supuesto motor de calidad, cosa que no es, pero que representa un gran forado de recursos que se pierden en el sistema". Según estimaciones del ministerio, esta fuga se aproximaría a los US$ 400 millones por año.