El proyecto de inclusión, que espera ser ley antes del 21 de mayo, considera distintas reglas que vienen a cambiar el sistema. Una de ellas es una lista específica que señala en qué pueden gastar los sostenedores los dineros que ingresa el Estado vía subvención escolar. Anualmente, los administradores de colegios destinan unos US$ 500 millones de dichos recursos a fines que no tienen relación con la educación, según argumentó ayer en el Tribunal Constitucional (TC) la abogada representante del Mineduc y ex ministra, Paulina Veloso.
"US$ 500 millones anuales salen de la educación (…) a otros fines que no son educacionales. Esa situación lleva a sostener que este proyecto de ley no sólo no es inconstitucional, es necesario. (…) Actualmente no podrían, pero lo hacen. Esa es la realidad", argumentó la abogada.
Veloso tuvo cerca de 50 minutos para defender la constitucionalidad del proyecto de ley que elimina el copago, selección y el lucro después de que un grupo de parlamentarios de la Alianza cuestionaran varios artículos de la misiva legal y requirieran el fallo del TC.
La abogada del ejecutivo expuso una serie de argumentos para defender el proyecto, citando los resultados de la prueba Pisa y deslegitimando la procedencia del alegato de la oposición: "Se pretende disminuir (con el requerimiento) el poder del legislativo y el poder de éste es totalmente constitucional, si no, que, además es un pilar básico del estado democrático y de derecho".
El argumento de Veloso continuó: "El proyecto de ley no innova en la materia. Actualmente la subvención debe ir a fines educacionales, no es un regalo para cualquier fin y no puede un sostenedor sacar estos fondos para dedicarlos a comprar vehículos o para viajar a Europa. Son fondos estatales que vienen de los impuestos y que están destinados a fines educacionales".
Sin embargo, su intervención no fue suficiente para el presidente de la Conacep, Hernán Herrera: "No nos logró convencer de que el proyecto es constitucional, se usaron argumentos de manera majadera que, a nuestro juicio, no son comprobables. Por ejemplo, los US$ 500 millones que se retiran del sistema es por dos razones. Primero porque la ley permite hacer retiros, y lo segundo es que esos dineros dicen relación no sólo con la subvención, si no que también con el aporte que hacen las familias".
Debate
La sesión de alegatos comenzó con la presentación del abogado de los senadores, Miguel Angel Fernández, quien cuestionó la viabilidad del proyecto. "Nos parece que excede el ámbito posible de interpretación en normas constitucionales como la libertad de enseñanza y libertad de educación.
Con respecto a la prohibición de arriendos, Fernández señaló que se "incurre en una serie de agresiones entre los sostenedores existentes y los que lleguen, y los sostenedores con más o menos de 400 alumnos. Allí, hay una serie de infracciones a la igualdad ante la ley que a nuestro juicio no tiene justificaciones suficientes que permitan sostener de por qué un colegio con 399 alumnos pueda arrendar y el de 401 no pueda".
