"Nos anunciaron que se enviará al Congreso un segundo proyecto de ley misceláneo, para corregir tres puntos concretos que estábamos solicitando los sostenedores". Con esta afirmación el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), Guido Crino, da cuenta de lo establecido tras la primera reunión de la mesa de trabajo entre el gobierno y los sostenedores educacionales, luego de que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, generara ese espacio para resolver inquietudes en torno a la Ley de Inclusión. Esta norma, promulgada en 2015, pone fin al copago, la selección y el lucro en los colegios que reciben recursos públicos.

Esta segunda modificación a la ley, presentada por el Mineduc, "contendrá un mecanismo que busca posibilitar que el valor de los arriendos mantenga su valor comercial cuando el avalúo fiscal esté desajustado al valor comercial. Además, vamos a posibilitar eliminar las trabas que hay para que un sostenedor (una entidad sin fines de lucro) pueda comprar el inmueble sin intermediación bancaria, entre otras", señaló Andrés Palma, secretario ejecutivo de la Reforma Educacional.

Si bien desde el ministerio señalaron que "la reunión fue muy positiva, ya que hubo muchos aportes y sugerencias, desde la Confederación de Educación Particular Subvencionada de Chile (Conapas) su presidente, José Valdivieso, expresó que "efectivamente la próxima ley resolvería de momento el problema de los contratos de arriendos entre partes no relacionadas. Sin embargo, más del 80% de los sostenedores son dueños de sus inmuebles. Por eso, exigimos cambios que apunten al sentido común. Un dueño de su inmueble tendrá que aceptar un arriendo fijado al avalúo fiscal, muy por debajo de lo financieramente viable. Eso afectará la reinversión, el crecimiento y probablemente la quiebra del propietario del inmueble".

Crino reconoció que a pesar de que "no hubo plena satisfacción por parte de algunas organizaciones de sostenedores, la mesa de trabajo continúa. Hay otra proyectada para el jueves 28".