El proyecto de ley que pone fin al lucro, selección y financiamiento compartido establece la posibilidad de que el Estado compre aquellos colegios donde sus sostenedores decidan no convertirse en organizaciones sin fines de lucro. Según el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, para realizar esta operación el Fisco desembolsaría alrededor de US$ 200 millones anuales. Es decir, considerando que la transacción se daría en un plazo de 12 años, el Estado contaría con un monto estimado de US$ 2.400 millones.

Consultado por las cifras de costo que presentó la Corporación Nacional de Colegios Particulares -que aluden a más de US$ 9 mil millones en caso de comprar todos sus recintos-, el ministro señaló que "posiblemente están tratando de que les paguemos más precio, y yo le digo que nuestros cálculos van por ese lado (US$ 200 millones anuales), porque no estamos disponibles para pagar sobreprecios".

El titular de la cartera insistió en que hay otras opciones, por ejemplo, "que con los excedentes, la propia sociedad sin fines de lucro compre el colegio del que hoy hace uso", y agregó que la posibilidad de adquirirla "es una opción voluntaria". En los artículos transitorios del proyecto de ley, se fija un tope máximo de 105 UF (cerca de $ 2,5 millones) por alumno para la compra de infraestructura y terreno de aquellos colegios que decidan retirarse del rubro educacional. Una estimación que calza, a juicio del economista y experto en educación de la U. Diego Portales, Felipe Salazar. En el país existen 3.470 colegios que persiguen lucro y que albergan una matrícula superior a 953 mil estudiantes: "Si en el peor de los casos todos los sostenedores con fines de lucro decidan abandonar el rubro y el Estado decidiera cancelar el tope máximo por el inmueble, se gastarían aproximadamente US$ 359 millones al año. Es decir, más de US$ 4.300 millones en el período estipulado". Sin embargo, el experto aclara que es difícil que todos los recintos dejen de funcionar. "Lo más sensato sería que la gran mayoría se convierta en sin fines de lucro, ya que al pasarse a particular pagado tendrían que ser las familias las encargadas de pagar lo que antes inyectaba el Fisco".

La investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) Sylvia Eyzaguirre realizó cálculos en base al proyecto y determinó que el Estado gastaría por alumno un máximo de $ 2,5 millones aproximadamente. "Si lo dividimos por el monto anunciado por el ministro, eso alcanzaría para 531 mil alumnos. Es decir, un poco más de la mitad de la matrícula que asiste a colegios que lucran". Eyzaguirre dijo que para saber si esos montos son suficientes o no, "es necesario saber el precio de mercado de la infraestructura y terreno de los establecimientos. Además, tampoco sabemos cómo reaccionarán los sostenedores. Ahora si todos quisieran vender, no alcanzaría".