Este año hay 137.724 mil alumnos que están estudiando gratuitamente, mientras que para el 2017 el gobierno proyecta que los beneficiados con esta nueva política estudiantil suba a 256.000 jóvenes. Así lo informó la jefa de Educación Superior del Mineduc, Alejandra Contreras, en la sesión de ayer del Consejo de Rectores.

A través de un power point, el ministerio dio cuenta que  la gratuidad este año finalmente tendrá un costo de $ 394 mil millones, es decir, US$ 594 millones (según valor del dólar de ayer $ 663), US$ 185 millones menos que lo presupuestado por primera vez cuando se presentó el proyecto de Ley de Presupuesto, en septiembre del año pasado. En tanto, para 2017 el gasto estimado por gratuidad es de $ 655 mil millones, es decir, cerca de US$ 1.000 millones.

“Solo indicando cifras de dinero no se puede evaluar de manera concluyente la pertinencia y consistencia que estas cifras pueden tener con los objetivos de política pública”, indicó Aldo Valle, rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch).

“No se sabe bien las exigencias que se van a establecer, tanto a las instituciones como a los estudiantes para acceder a la gratuidad 2017. La glosa debería ser explícita en exigencias de carácter académico para las universidades. En ese sentido debería superarse la omisión grave que tuvo la glosa del 2016 y exigir estar en el sistema de admisión”.

No contar con controladores que lucren y tener cuatro años de acreditación son los requisitos de la política de financiamiento este año, que permitió a 30 universidades adscribirse. La reforma a la educación superior que ingresó al Congreso establece como nueva exigencia formar parte del Sistema Unico de Admisión (SUA). En ese contexto, actualmente la U. Autónoma es la única en gratuidad que no ha sido aceptada en el SUA.

Sin embargo, como la reforma no alcanzará a ser aprobada para la gratuidad 2017, ésta deberá quedar fijada nuevamente a través de glosa presupuestaria. Así, para algunos sectores las cifras no serán definitivas hasta que no se sepa con claridad si la glosa incluirá la exigencia de admisión vía PSU y si sumará al sector técnico. Sobre todo, porque los estudiantes beneficiados este año terminaron siendo muchos menos que la proyección inicial, que fue de 250.000.

El compromiso del gobierno es que continúen siendo beneficiados los alumnos del 50% más vulnerable de la población, pero que en 2017 se sumen los CFT e IP, que quedaron excluidos este año tras el fallo del Tribunal Constitucional.

“Me preocupa que la transferencia de recursos no sea a instituciones que demuestren calidad y que no demuestren lucro. No se trata de decir que no tengo lucro, si no de demostrarlo. Ese es el tema principal cuando se piensa en sumar beneficiados e instituciones”, dijo el rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi.