El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, Alberto Vergara, confirmó que "la Contraloría nos ha solicitado abrir una investigación disciplinaria, única y exclusivamente para determinar el por qué la primera comisión evaluadora fue integrada por personas a honorarios".
Según Vergara, la situación de que personas a honorarios participarán en la comisión, "fue detectada y subsanada como corresponde, no generando ninguna diferencia en el resultado final de esta licitación".
Esto, luego de que la Contraloría General de la República ordenará a la Subsecretaría de Educación realizar un sumario disciplinario para determinar supuestas irregularidades en el personal administrativo que llevó a cabo la licitación del Simce de Inglés.
"Se constata la existencia de dos actas de evaluación, suscritas por comisiones cuyos miembros son diferentes, pero fechadas en la misma data", consigna el dictamen, a lo que sentencia que "el Ministerio de Educación se encuentra en el imperativo de disponer la instrucción de un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar y hacer efectiva la eventual responsabilidad administrativa del personal que intervino en esas actuaciones de lo cual se deberá informar, a la brevedad, a este Ente Fiscalizador".
Ante la situación, el abogado de Seminarium Juan Carlos Palma, explicó que "éstas (las actas) tienen que ser firmadas por funcionarios del Ministerio, pero, en este caso, fueron firmadas por asesores externos, lo que viola las bases de licitación", por lo que solicitó desestimar el contrato celebrado entre el Ministerio de Educación y el Instituto Chileno Británico de Cultura para la prestación del servicio licitado.
Según Palma, "estos documentos habrían sido cambiados y firmados por funcionarios pertenecientes al Mineduc". Argumento que Contraloría explica: "indebida integración de la comisión evaluadora técnica, por personas que prestan servicios a honorarios, y su posterior reemplazo por funcionarios".
Sin embargo, Vergara advirtió que en dicho dictamen "la contraloría señala expresamente que no corresponde cuestionar la decisión técnica tomada por el ministerio, en cuanto a la idoneidad del test".
En esa línea, si bien la Contraloría General alude en el dictamen que "se encuentra impedida de pronunciarse respecto de las reclamaciones planteadas en contra del proceso licitatorio de la especie", señaló que "no le corresponde intervenir ni informar los asuntos de naturaleza litigiosa o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, situación esta última que concurre en el presente caso".
IRREGULARIDADES
El proceso ya había sido cuestionado anteriormente por irregularidades técnicas y administrativas durante la licitación. Una de ellas es que el test- denominado KET- que se aplicó a más de 250 mil estudiantes de tercero medio el pasado 15 de noviembre, se trataría de una prueba diseñada para alumnos de octavos básicos.
"La Contraloría y el Ministerio deben aclarar por qué se adjudicó la licitación a un proponente que reconoció expresamente en su propuesta al Ministerio que el PET- que no se ofertó ni se aplicó- es el que corresponde aplicar para la enseñanza secundaria", agregó Palma
Sobre la materia, el dictamen de Contraloría sostiene que "ello constituye una materia que escapa a las funciones que la normativa le ha encomendado a este Ente de Control, puesto que configura un aspecto de carácter técnico, que conlleva, por lo demás, una evaluación de mérito, la que compete a la Administración activa", es decir, al propio Ministerio de Educación.
