El objetivo del proyecto que permite la transformación de planteles técnicos, que hoy legalmente pueden retirar utilidades, a corporaciones sin fines de lucro, es que logren sumarse a la gratuidad 2017. Sin embargo, desde que esta iniciativa, que hoy se vota en general en la Comisión de Educación de la Cámara, comenzó su tramitación no ha estado exenta de polémica.
Vertebral, agrupación que reúne a 18 CFT e IP acreditados, ha denunciado que uno de los puntos que les complica a la hora de optar por el cambio es traspasar los bienes a la nueva fundación.
Ayer, ante la comisión, el representante de dicha organización y rector de Esucomex, Cristóbal Silva, reiteró que es necesario generar un mecanismo que permita retribuir la pérdida patrimonial, que tendrán los actuales dueños de las instituciones, al donar el inmueble a la nueva entidad sin fines de lucro que quedará a cargo del plantel. "Es necesario un mecanismo para hacer una transferencia que permita que las instituciones restituyan ese patrimonio después", señaló Silva.
Sin embargo, ayer la ministra de Educación, Adriana Delpiano, tras su participación en la comisión, explicó respecto de este punto que "los temas de cómo se paga o no, o si se mantienen los arriendos, es algo a lo que estamos abiertos y más bien lo está viendo el Ministerio de Hacienda". Sobre el mismo punto, Alejandra Contreras, jefa de la División de Educación Superior (Divesup) del ministerio, aseguró que no es obligatoria la donación patrimonial y que podrían mantener arriendos con entidades relacionadas. "No está dentro de las exigencias que tengan que traspasar los inmuebles. Efectivamente, podrían traspasar un patrimonio menor, que no considere los inmuebles, y estos podrían arrendarlos a los propietarios actuales. Sí, en la reforma habría que abordar lo que tiene que ver con convenios con partes relacionadas", explicó Contreras.
"Podría generarse un tipo de prohibición a futuro, pero eso tiene que trabajarse en otro proyecto. Consideramos preferible un artículo transitorio que aborde este tema en el proyecto permanente y no en éste, que es simple y que busca establecer los mecanismos jurídicos para una transformación", agregó la jefa de la Divesup.
Diversas fueron las reacciones respecto de esto entre los parlamentarios. "Hay que poner en primerísimo lugar el objetivo que se persigue, que es que puedan acceder a la gratuidad los estudiantes vulnerables que estudian en CFT e IP", señaló Mario Venegas (DC), quien subrayó que es un tema que se analizará: "Habrá que tener en la mesa todas las realidades, y si en alguna de esas realidades eso implica abordar en la ley este tema, estoy dispuesto a hacer lo mejor para que la mayor cantidad de instituciones con voluntad de transformarse y sumarse a la gratuidad, pueda hacerlo".
En tanto, el presidente de la Comisión de Educación, Alberto Robles (PRSD), señaló que "se están buscando fórmulas que permitan a las instituciones sumarse a la gratuidad sin tener una reforma a la educación superior (…), Y claramente hay un problema serio, porque estamos legislando a través de glosa presupuestaria políticas permanentes".
Desde la oposición, Jaime Bellolio (UDI) criticó las argumentaciones del Mineduc: "No es verdad que se pueden arrendar a personas relacionadas y traspasar una parte de su patrimonio, porque a la vuelta de la esquina hay un proyecto que dice que no se puede tener transacciones con empresas relacionadas, que tienen que ser sin fines de lucro para recibir el financiamiento y al mismo tiempo que tienen que ser dueños de los inmuebles para estar acreditados".
