Como un "hito" catalogaron desde la distintas organizaciones de sostenedores de colegios particulares subvencionados del país, la reunión sostenida ayer con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y la subsecretaria Valentina Quiroga.
La cita tuvo como objetivo iniciar un ronda de conversaciones destinadas a identificar los principales nudos de la nueva Ley de Inclusión, que entró en vigencia en marzo de 2016. Una norma que apunta a poner fin al copago, la selección y el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado.
"Quedó el compromiso de establecer una mesa de trabajo que partirá el próximo jueves, espacio en el que se buscarán las primeras respuestas frente a las inquietudes que hemos mostrado en esta materia. Sí podemos anticipar que se abrió la posibilidad que se corrijan algunos aspectos a través de una ley miscelánea", explicó Guido Crino, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide).
Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) se abren a la posibilidad de impulsar cambios orientados a corregir algunos aspectos de la Ley de Inclusión, y que fundamentalmente tienen que ver con el traspaso de los inmuebles a corporaciones o entidades sin fines de lucro, plazos legales y otras materias relacionadas con el pago de arriendo a terceros.
"Esta mesa va a permitir que tratemos en concreto las cosas que están afectando al sector. No es igual a que nos digan que el próximo año va a haber solución, a que las soluciones empiecen a realizarse hoy día. Los sostenedores tienen que tomar decisiones importantes, como constituirse en entidades sin fines de lucro antes del 31 de diciembre y reducir la incertidumbre que tienen sobre sus hombros", detalla Hernán Herrera, presidente de Colegios Particulares de Chile (Conacep).
El representante agrega que "esperamos que así como el gobierno ha mostrado voluntad para avanzar en estos temas, también exista la misma disposición entre los parlamentarios".
Una de las principales preocupaciones de los dueños de colegios particulares subvencionados es el reducido plazo con que cuentan para convertirse en corporaciones, tal como exige la norma y que fija como tope el 31 de diciembre.
"Hemos comprobado que la ministra posee apertura de mente, porque ella sí quiere una educación mixta en el país. Creemos que tenemos poco tiempo y por eso hemos pedido postergar o extender en un año el plazo establecido. Con este gobierno comenzó la Ley de Inclusión y deben ser ellos mismos los encargados de perfeccionarla. Ninguna familia debe quedar sin un colegio producto de los errores técnicos que pueda tener la legislación. Si la ley no cambia ahora, podríamos dejar de percibir la subvención porque los errores técnicos que tiene esta ley son complicados", señala José Valdivieso, presidente Confederación Colegios Particulares Subvencionados de Chile (Conapas).
