El abogado Ramberto Valdés, quien será el encargado de interponer la demanda, le explicó a BBC Mundo que con esta acción legal buscan específicamente que los propietarios del yacimiento y los titulares del Sernageomin sean condenados por su presunta responsabilidad en el derrumbe.

"Esto permite que, acreditada la responsabilidad penal, se abran los patrimonios de todas las personas que resulten sentenciadas y evita, desde el punto de vista civil, que la quiebra anunciada por la mina San José pueda tener resultado de ver a las familias de los mineros comprometidas en la obtención de las indemnizaciones de perjuicio", aclaró Valdés.

Por su parte, los dueños de la mina han negado su responsabilidad en el accidente.

"No es momento de asumir culpas ni pedir perdón", dijo Alejandro Bohn, uno de los propietarios del yacimiento donde los trabajadores están atrapados desde el 5 de agosto.

Pese a todos los antecedentes que comenzaron a emerger sobre la falta de condiciones de seguridad en la mina, tanto Bohn como otro dueño del yacimiento, Marcelo Kemeny, insisten en que "todo funcionó como estaba previsto".

Pero Luis Urzúa, el minero que estableció el primer contacto telefónico con las autoridades, relató cómo intentaron alcanzar la superficie: "Subimos hasta el (nivel) 235, subimos por una chimenea, pero como no teníamos más escaleras abortamos la situación".

ACUSACIONES
La acción legal que presentará Ramberto Valdés en nombre de algunos familiares de los mineros acusará a los empresarios por lesiones y al Sernageomin por prevaricación al permitir la reapertura de la mina en 2008.

En conversación con BBC Mundo, los parientes de los trabajadores dijeron que el ducto de ventilación de la mina no contaba con la escalera de escape, que el yacimiento no tenía un acceso alternativo y que su fortificación era débil.

En lo que se refiere al ente fiscalizador, algunos senadores chilenos han instado a no "demonizar" al Sernageomin por los escasos recursos humanos y financieros que posee en algunos sectores del país.

Otros, sin embargo, creen que hay que llegar hasta las últimas consecuencias para establecer las responsabilidades.

El abogado que representa a la empresa minera, Hernán Tuane, dijo que sus defendidos han sido objeto de "imputaciones calumniosas" y anunció que la compañía podría declararse en quiebra ante la imposibilidad de cumplir compromisos como el pago del sueldo a los trabajadores y de la operación de rescate.

¿La compañía cuenta con un patrimonio positivo? Sí, dijo Tuane, aunque aclaró que la firma no está generando ingresos tras el derrumbe.

Estas declaraciones indignaron a políticos de todos los sectores. Tanto es así que el ministro de Interior de Chile, Rodrigo Hinzpeter, calificó la postura de desfachatada", mientras que la portavoz de gobierno, Ena von Baer, opinó que se trataba de algo "impresentable".



POLEMICA REAPERTURA
La mina San José fue clausurada en 2007 por un accidente que causó la muerte de un trabajador tras una explosión. Un año más tarde fue reabierta.

A comienzos de 2010 un minero sufrió un accidente que le provocó la pérdida de una pierna.

Las responsabilidades de cada parte involucrada están siendo investigadas por la Fiscalía de Atacama y una comisión de la Cámara de Diputados.

El fiscal regional, Héctor Mella, adelantó que esta semana tomará declaración en calidad de imputados a los dueños de la mina por el accidente en el que el trabajador Gino Cortés perdió una pierna en julio de este año.