El próximo 8 de agosto, el Ministerio del Interior deberá responder a la Contraloría por la supuesta inconsitucionalidad del decreto que regula las reuniones y manifestaciones públicas, ante la petición del concejal de Santiago Ismael Calderón.
El representante del Partido Socialista solicitó al ente que dirige Ramiro Mendoza -el pasado 14 de julio- que se pronuncie respecto al Decreto Supremo Nº 1086, del año 1983, que, a su juicio, sería inconstitucional y arbitrario.
En ese sentido, en la petición del concejal se plantea que el decreto "debe declararse inválido, debiendo la autoridad respectiva dictar un nuevo decreto".
Al interior de Contraloría, no obstante, aclaran que la solicitud no responde a la decisión del gobierno de no autorizar las dos marchas convocadas para el día de hoy, tanto por los estudiantes secundarios como por los universitarios, sino que se produjo en momentos en que el ex intendente Fernando Echeverría manifestó que no se autorizaría una marcha convocada por la Confech en la Alameda, decisión que fue posteriormente rectificada por el ministro Rodrigo Hinzpeter.
Ante el requerimiento del concejal socialista, la Contraloría ofició -el 25 de julio- al Ministerio del Interior para que entregue un informe y una postura respecto al citado decreto, respuesta que, en un principio, debería ser entregada el próximo lunes. No obstante, desde el organismo fiscalizador explican que el ministerio podría pedir una prórroga del plazo.
