El pasado viernes el jefe de la Zona Oriente, Alberto Ayala, abrió un sumario contra el fiscal Felipe Díaz para determinar si hubo anomalías en su decisión de no perseverar en el llamado caso Miscuentas.com, en el que se indaga una presunta apropiación indebida por parte de los hermanos Cruzat Valdés.
Además, el 21 de febrero el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, anunció la apertura de la primera investigación administrativa en contra de un fiscal regional de 2014. Se trata del fiscal de Tarapacá, Manuel Guerra. Esto, ante eventuales errores y/o negligencias en un caso que involucró a un juez acusado por manejar en estado de ebriedad. La indagación podría terminar con la sanción más grave para un fiscal: su remoción.
Según un documento de la Fiscalía Nacional -al que accedió La Tercera a través de la Ley de Transparencia- entre 2011 y 2013 se abrieron 144 sumarios contra persecutores a lo largo del país. De esos casos 126 fueron resueltos: 79 con sanciones (63%) y 47 fueron absueltos o sobreseídos (37%). Otros18 siguen en curso (ver tabla).
Según la Fiscalía Nacional, existen cinco tipos de castigos para los funcionarios que infrinjan sus obligaciones y deberes, y dependiendo de la magnitud de la infracción se establece el nivel de castigo. Una amonestación es la sanción de menor gravedad. A ella le sigue una censura por escrito, la que implica la pérdida de bonos. Si la falta es mayor, el fiscal arriesga una multa o una suspensión, siendo el castigo más alto la remoción de su cargo.
De acuerdo con la información entregada por la fiscalía, de 51 sumarios abiertos en 2013, en 22 casos se obtuvo una sanción, siendo el castigo más común la censura por escrito (10), seguido por la amonestación privada (7). Solo dos fiscales fueron sancionados con multas y otros dos fueron suspendidos por un período determinado. De estos últimos, un caso se trató de un fiscal que, en audiencia, afirmó hechos que no constaban en la carpeta de la investigación. El otro afectó a un persecutor que en varias investigaciones incumplió instrucciones sobre tramitación y registro de las mismas.
La censura por escrito y la amonestación privada también fueron las sanciones más comunes para los funcionarios sumariados en 2012 y 2011.
En 2011 ocurrió la única remoción de los últimos tres años, la que afectó a un fiscal adjunto de la V Región.
Ricardo Mestre, abogado asesor de la unidad jurídica de la Fiscalía Nacional, explica que "la falta más recurrente sucede cuando después de cerrada una investigación -donde existe un plazo de 10 días para definir no perseverar, acusar o para tomar una decisión- los fiscales no toman una determinación dentro del plazo".
Agrega que "para esa falta la sanción mas frecuente es la censura, a veces una amonestación, pero tiene que ver con las circunstancias particulares de cada caso".
CRITICAS AL SISTEMA
El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, coincide con Mestre sobre la falta más recurrente. Para Uribe está falta tiene una justificación: la sobrecarga laboral. "La principal causa de sumario es que al fiscal se le pasa el plazo para deducir acusación, requerimiento o no perseverar, es decir, no alcanza a hacer nada en el plazo legal y eso sucede porque tienen una sobrecarga de trabajo". Así, detalla que "cada vez los fiscales acumulan más causas y como cada causa tiene requisitos mínimos en cuanto a diligencias y acciones a ejecutar, empiezan a ser mayores los incumplimientos".
Para el fiscal Víctor Vidal -sancionado tras llegar a un acuerdo con los acusados por la toma del ex Congreso en 2011-, "en general, los sumarios se relacionan a malas decisiones tomadas por la excesiva carga laboral exigida a los fiscales".
