La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y el Director del Trabajo, Christian Melis, pusieron en marcha hoy el primer programa de fiscalización electrónica que tiene como objetivo detectar el no pago de cotizaciones previsionales.

Actualmente en Chile hay 346 mil 287 empresas con deuda presunta (sin declaración ni pago y sin aviso de término de servicio) y 999 mil 843 trabajadores afectados.

Tras un primer recuento electrónico en cotizaciones previsionales de AFP y del Fondo de Cesantía,  la Dirección del Trabajo (DT) eligió  a 4 mil 331  empresas de todos los tamaños y sectores productivos que a la fecha aparecen con 22 mil 554 trabajadores perjudicados.

En ese sentido la ministra Javiera Blanco dijo que "queremos dar la señal que en Chile las obligaciones previsionales se deben cumplir".

Agregó que "hoy día estamos trabajando por mejorar las pensiones de todos los chilenos, pero tenemos que partir por cumplir una obligación muy básica que es pagarle las cotizaciones previsionales a nuestros trabajadores".

La ministra Blanco sostuvo que "en la medida que esto lo podamos fiscalizar de mejor manera, vamos a poder evitar que mucho de los trabajadores cuenten con lagunas previsionales enormes que después determinan estas bajas pensiones".

La Dirección del Trabajo informó que las empresas con deuda presunta serán notificadas por e-mail que cuentan con 30 días corridos para hacer el pago o la aclaración y/o rectificación de la deuda.

Tras ese periodo, la DT hará una nueva consulta electrónica a esas empresas en las instituciones previsionales y por cada trabajador perjudicado.

Si la empresa ha corregido o aclarado la situación, se le notificará que la fiscalización ha concluido sin multa. Si se mantiene en infracción, total o parcialmente, se le notificará por correo certificado las multas por no declarar oportunamente las cotizaciones.

Los montos de las multas son, respectivamente, de 0.75 UF por no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en AFP y 1 UF no declaración oportuna en AFC por cada trabajador y mes involucrado.

La empresa sancionada dispondrá de 30 días para interponer recursos administrativos y de 15 días hábiles para reclamar judicialmente. Ambos tipos de recursos serán tramitados centralmente en la DT.

Si dentro del plazo de 30 días la empresa corrige la infracción la sanción será rebajada al mínimo (0.2 UF). Si no corrige, la multa será ejecutoriada y pasada a la Tesorería General de la República.