Ayer, a las 19.00, el director de Gendarmería, Tulio Arce, tenía fijada una reunión con el alto mando de la institución en un café en Las Condes. El objetivo era  tratar la profunda crisis que está viviendo la entidad luego de que se dieran a conocer las millonarias pensiones que recibieron 187 funcionarios, entre 2014 y 2016, todas superiores al tope legal de UF 60 (cerca de $1 millón 770 mil, según un cálculo de reajustabilidad del organismo). Entre ellos está la jubilación  de Myriam Olate, ex esposa del diputado PS Osvaldo Andrade.

Sin embargo, pese a la importancia de la reunión, Arce no llegó al encuentro. Esto, porque la  ministra de Justicia, Javiera Blanco, lo citó a una reunión de emergencia a la sede de su cartera.

Según conocedores de la cita, la ministra le fijó el rol que debe cumplir en medio de la crisis por las pensiones. En concreto, notificó a Arce de lo que debe y de lo que no debe hacer en el ejercicio de sus funciones.

Las mismas fuentes explican que Arce deberá informarle una serie de procesos internos, como cambios de funciones, planta o calidad jurídica del personal. Asimismo, aumento, disminuciones o asignaciones. Todo esto al subsecretario Ignacio Suárez, que es quien tiene a su cargo el plan  de intervención, que incluye, además, un sumario a Gendarmería.

Fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que Arce deberá evaluar si se queda o no bajo estas condiciones. Respuesta que deberá entregar en los próximos días a la ministra Blanco.

En tanto, el viernes de la semana pasada, en el alto mando de Gendarmería trascendió que el director también desvinculó a algunas personas de sus cargos y redefinió criterios de asignación por desempeño en funciones críticas.

Comisión investigadora

En medio de este escenario, hace un par de días Andrade sostuvo una conversación con su par Leonardo Soto. En el diálogo, ambos parlamentarios del PS abordaron las críticas surgidas por la millonaria pensión de la ex esposa del presidente de la Cámara. En la ocasión, además, Soto aprovechó de informarle a Andrade de una ofensiva que él y otros legisladores socialistas estaban gestando: le comunicó que concretarían la decisión -analizada desde el jueves- de impulsar una comisión investigadora sobre las presuntas irregularidades en la entrega de pensiones.

La solicitud para crear esta instancia requiere de 48 firmas para ser presentada, y después debe votarse en la sala de la Cámara y ser aprobada por al menos 48 votos.

"Elaboré la solicitud de una comisión investigadora sobre este tema. El martes recolectaré las firmas para presentarla", explicó ayer Soto. Y agregó: "Hay un cúmulo de irregularidades que debemos investigar. En la bancada hay interés en que esto se estudie a fondo, no sólo un caso en particular".

El jefe de la bancada del PS, Juan Luis Castro, confirmó la decisión y señaló que "el escándalo de las pensiones no puede pasar desapercibido para nosotros, por lo que los socialistas hemos resuelto proponer una comisión investigadora".

Esto también genera respaldos en otros partidos, por lo que será el oficialismo el que impulse en bloque esta comisión. Entre otros, ya entregaron su apoyo el diputado Guillermo Ceroni (PPD), presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, y el diputado DC Aldo Cornejo.

La ofensiva se da luego del sumario ordenado por el gobierno, ordenado por el Ministerio de Justicia, pese a que fue esa cartera la que pidió al contralor Jorge Bermúdez, el 6 de mayo, reconsiderar su criterio de fijar un límite a las pensiones objetadas en abril.

En este contexto, la comisión investigadora también venía siendo analizada en la oposición durante la semana pasada. Y ayer los jefes de bancada de la UDI y RN, Juan Antonio Coloma y Germán Becker, confirmaron la decisión.

Además, la UDI y RN están coordinando una posible interpelación a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, tema que analizarán esta semana en el Congreso.

En el PS explican que deberán revisar los objetivos de la comisión que impulsa la oposición para ver la posibilidad de fusionarlas y crear una sola instancia.