Ante un centenar de oficiales de

Gendarmería de Chile

, la

ministra de Justicia Patricia Pérez

, inauguró  el primer diplomado "Derechos Humanos y Personas privadas de libertad" que será impartido a oficiales de Gendarmería de Chile con grado de teniente coronel y mayor y que tendrá una duración de 9 semanas.

El programa es dictado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, en alianza con la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Durante su intervención, la ministra Patricia Pérez, destacó el diplomado como un nuevo hito en el avance institucional de Gendarmería durante la presente administración: "Este diplomado es una gran oportunidad, marca, de alguna manera, un punto de inflexión en aquellos esfuerzos que ya hemos desarrollado desde los inicios, desde la época en que asumimos el gobierno el año 2010 -con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes- con un compromiso muy profundo como gobierno, de poder facilitar y abrir una mirada de Derechos Humanos al interior, no solamente del sistema penitenciario, sino que también en otros servicios y en otras materias de justicia".

En tanto, el

director de Gendarmería, Marco Fuentes

,  expresó la relevancia de que el programa también esté abierto a becarios extranjeros, de países como Argentina, Colombia y Ecuador, entre otros. "Esta visión es transversal a nivel latinoamericano y creo que nosotros como país, nosotros como Gendarmería de Chile, estamos en buena posición de empezar a liderar estos procesos de intercambio de experiencias", destacó la autoridad, agregando que: "la seguridad no tiene que estar sustentada en la represión, sino que en la reinserción".

El fortalecimiento curricular en materia de Derechos Humanos, se suma a iniciativas ministeriales tales como el desarrollo de "Política Penitenciaria con enfoque de género" para la reinserción de la población penal femenina; el reglamento que restringe el uso de las celdas de aislamiento y la revisión de la situación de los grupos vulnerables (tales como inmigrantes o minorías sexuales) todas verificadas en terreno por la ministra Patricia Pérez.