El conflicto entre el gremio de los profesores y el Gobierno sigue sin solución. Tras las declaraciones de la ministra de Educación, Mónica Jiménez, en relación a que "no se va a extender el año escolar y no va haber reposición de clases" si el magisterio decide ir a paro indefinido, el directivo nacional, Darío Vásquez, dijo este lunes que la secretaria de Estado desconoce un documento firmado por ella en 2008 en el Congreso Nacional.

Según el dirigente, en él la ministra se compromete a dar solución a la "deuda histórica". Jiménez dijo que "esta es una historia muy antigua, y el Gobierno nunca ha cambiado su posición, porque no existe deuda histórica, no existe". "Olvídense, no se hagan ninguna ilusión" agregó al responder a maestras que le preguntaron en la calle sobre cuándo les pagarían dineros, que según el gremio corresponde al pago de un bono de entre 9 mil y 18 mil dólares.

En este sentido, Vásquez expresó que la "ministra de Educación, en representación del Ejecutivo, el 25 de noviembre del año pasado, en el Congreso, firmó un documento en que se compromete a dar solución a la deuda histórica. Ese documento está en el Congreso, y ahora esto se desconoce, y se está tomando una decisión gubernamental que es un despojo a los profesores".

Según la ministra, si hay un paro indefinido, no se les va a pagar el sueldo a los profesores. Al respecto, Vásquez dijo que Jiménez "está echando más fuego al leño". 

"En la asamblea de mañana martes, a la que concurrirán más de 190 delegados del país, aún no está definido qué va a decidir esa reunión. Considero que la autoridad debe allanar soluciones y no ahondar el problema", expresó Vásquez.

La asamblea de los profesores tendrá lugar el martes en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

ORIGEN DEL CONFLICTO
La supuesta deuda se generó a comienzos de los 80, cuando el gobierno de Augusto Pinochet traspasó la educación estatal pública a las municipalidades.

El gobierno afirma que los maestros recibieron sus respectivas indemnizaciones, pero los dirigentes sindicales señalan que quedó pendiente el pago de un bono, aferrándose a la ley de inamovilidad de los empleados públicos, lo que se aplicaría a los docentes que fueron cambiados de empleador, del estado a las municipalidades, entre 1978 y 1981.