Hace una semana que el borrador del proyecto de ley de carretera eléctrica, elaborado por el Ministerio de Energía, está en conocimiento del sector privado. La nueva regulación, que será enviada al Congreso a más tardar este 31 de agosto, más que definir un nuevo tendido de alta tensión específico, reforma la ley de transmisión. La norma define, además, un horizonte de 20 años para planificar los tendidos. Para elaborar la propuesta, el gobierno miró las experiencias de Brasil y Perú, donde el Estado tiene un rol activo en generar directrices y orientaciones en materia de trazado de transmisión, cuenta el ministro de Energía, Jorge Bunster. "Estamos en proceso de recibir comentarios. Analizaremos los que nos parezcan relevantes y valiosos y procuraremos incorporarlos", dice. El énfasis, agrega, apunta a potenciar las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).        

¿Por qué se opta por reformar la ley de transmisión y se descarta definir un nuevo tendido de alta tensión específico?

Se busca generar holguras y una capacidad robusta de transmisión, y una red o malla que permita cubrir adecuadamente el territorio. El esquema por el que optamos da mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades futuras, otorga más versatilidad para avanzar en la medida que el país lo requiera. Nunca se va a desarrollar en forma simultánea todo el territorio nacional, sino que habrá sectores que se desarrollarán primero y otros después. Por lo tanto, no tiene mucho sentido tener a priori una planificación simultánea de todo el territorio. La malla se irá definiendo en función del desarrollo eléctrico del país. Definir un trazado específico sería forzar las cosas.     

Con este esquema ¿la intervención en el entorno es menor?   

Efectivamente. Lo que se busca es tener las menores consecuencias e impactos que se pueda, ambiental  y socialmente. Por eso el rol más activo del Estado para cautelar esos criterios. Nunca ha sido nuestra idea que el Estado construya líneas, sí que tenga injerencia en definir los trazados sobre la base de criterios no solamente técnicos, productivos y económicos, sino también de sustentabilidad y sociales, variables que no siempre la iniciativa privada recoge. En ese espíritu, el esquema propuesto se ajusta mejor.     

¿Y eso debiera disminuir la oposición de las comunidades a los proyectos?

El rol del Estado de recoger elementos en materia ambiental y social debiera derivar en una menor conflictividad.   

¿Cuál será el criterio para definir qué líneas serán de utilidad pública y cuáles no? 

Eso se está precisando en el proyecto de ley que estamos elaborando. Las que se definen como líneas troncales calificarán para ser determinadas como de utilidad pública, porque son esenciales y de acceso abierto, por lo tanto, cualquier generador puede incorporar su energía. Básicamente, serán aquellas de necesidad pública, por los volúmenes de energía que transportan o porque permiten viabilizar muchas energías o polos de energía pequeños y medianos a lo largo del país.                   

¿Ese concepto podría incorporar a megaproyectos como Castilla e HidroAysén, por ejemplo? 

Habrá que analizarlo caso a caso. Cuando se habla de líneas dedicadas a un proyecto, las pagan los proyectos. No son líneas públicas donde todos pueden acceder; son líneas muy asociadas a la generación de un proyecto determinado. Dependerá de que haya más actores involucrados. Si es solo uno, lo más probable es que no califique.         

¿Se privilegiará más que el tamaño, la posibilidad de incorporar a muchos actores? 

Sí.

¿Con este proyecto se rompe la creencia de que la carretera eléctrica era un traje a la medida de HidroAysén?

Creo que sí. Siempre hemos tenido claro que esta es una necesidad para el país, no un desarrollo pensado para un proyecto en particular.            

Definir la expansión a 20 años, ¿busca dar mayor certeza a las generadoras para proyectar nuevas inversiones?

Lo que estamos buscando es generar un sistema de transmisión más robusto y lo suficientemente amplio que permita a los proyectos, especialmente los ERNC, acceder a las redes para entregar su energía con certeza. Este concepto de carretera pública busca acercarnos a las fuentes renovables que el país tenga: la solar en el norte, la hidroeléctrica en el sur y la geotermia a lo largo de la cordillera, y que nos permita desarrollar ese potencial, en lo que pueda dar.

¿El foco de la carretera será, principalmente, potenciar el desarrollo de las ERNC? 

Es una apuesta que tiene sentido hacer para Chile. Abrirse a poder capturar el potencial que esa energía le puede ofrecer. Esa energía va a ser competitiva, ya la energía eólica es competitiva, la biomasa también y la solar está siéndolo cada vez más. Eso no significa que debemos olvidarnos de las energías tradicionales que son parte de nuestra matriz para poder aspirar a mantener el ritmo de desarrollo económico que tenemos.

CARRETERA EN 2018 

¿Cuándo podría estar operando la carretera eléctrica? 

Yo esperaría tener un buen apoyo parlamentario, pero hay que darse el tiempo necesario para discutir. Esta es una reforma trascendente y es importante mirarla en detalle. Si logramos aprobar el proyecto en un plazo de seis meses, más otros seis meses para hacer el reglamento, podemos iniciar su ejecución de aquí a un año más.      

¿Cómo se empalma la carretera con los estudios de expansión del sistema de transmisión troncal, que se hacen cada cuatro años?    

Si bien la expansión del sistema se define cada cuatro años, se actualiza una vez por año. En esa actualización anual se puede incorporar la carretera eléctrica.                

¿Los primeros trazados de la carretera eléctrica cuándo podrían estar operando? 

Las líneas en general se demoran cinco años en construirse, por lo que estimamos que los primeros trazados de la carretera eléctrica estarían operando hacia 2018.

¿Bajarán los costos de la energía con la carretera eléctrica?

Permitirá bajar los costos de generación eléctrica, al haber mayor oferta de energía y un sistema de transmisión más robusto. Hoy, por ejemplo, en la zona de Concepción tienes energía disponible a costo marginal, de US$ 80 MW versus los US$ 170 de la zona central, debido a las limitantes de la red. Si las líneas tuvieran la capacidad adecuada esos costos podrían bajar a niveles de US$ 100 o US$ 120 MW.

La carretera eléctrica, ¿qué capacidad de energía podrá agregar al sistema?

La carretera eléctrica pública y el refuerzo que se está haciendo para fortalecer el sistema de transmisión troncal garantizarán que podamos sumar los 8.000 MW que Chile necesitará en 10 años.      

LA INTERCONEXIÓN QUE VIENE

¿El proyecto contempla la integración del SING y el SIC? 

El proyecto podría ser bastante coincidente con la definición de la interconexión.    

¿Es inminente la decisión de unir  los sistemas SING-SIC?  

Es muy posible que abordemos la interconexión y estamos muy cerca de tomar esa decisión. Ahí se va a generar una necesidad de conexión de dos troncales y, por lo tanto, un espacio apropiado para poder aplicar el concepto de carretera pública eléctrica.   

¿Qué plazos se manejan para concretar la unión de los sistemas?

Pensamos que se puede estar llamando a licitación para la construcción de la interconexión a mediados o fines del próximo año. Son 600 kilómetros y US$ 650 millones para una línea de 1.500 KV.    

¿Cuándo podría ser realidad?      

Todo el proceso llevaría a que nosotros estaríamos poniendo en operación la interconexión el año 2018.    

¿La nueva ley de geotermia cuándo se va a presentar?

Buscamos despejar cierto nivel de incertidumbre que hay respecto de las certezas jurídicas de las concesiones de exploración y explotación. Se van a ampliar los plazos  de las concesiones y generar mecanismos que den certeza al concesionario. El proyecto está bastante avanzado, esperaría enviarlo entre septiembre u octubre.     

¿Respaldarán la iniciativa parlamentaria que modifica la ley de ERNC, la Ley 20/20? 

Queremos sentarnos a conversar con la Cámara de Diputados para formular algunas indicaciones. 

¿Modificarán los plazos o la cantidad de energía renovable que se exigirá?

Eso es lo que tenemos que analizar. La intención es buscar un acuerdo que permita generar un avance en el impulso de las ERNC, mirando el tema de las cuotas, pero también viendo las licitaciones de bloques de energía que permitan estimular el desarrollo de este tipo de energía.   

¿Y siendo más realistas también en los plazos?

Probablemente sí. 

En el actual escenario, ¿hasta cuándo tendremos energía cara?

Yo espero que con todo el fortalecimiento que estamos haciendo del sistema de transmisión, en un plazo de cuatro o cinco años podremos bajar los costos de la energía del país, porque estaremos usando en su máximo potencial las energías más eficientes y baratas. Y esperamos que el gas natural licuado tenga una evolución a la baja en los próximos dos a cuatro años.