Luego de que la empresa  Alsacia-Express, principal operadora del Transantiago, responsabilizara al gobierno por su crisis financiera, el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo,  calificó a la compañía de tener una "mala gestión y servicio".

Ante las declaraciones del director del grupo, José Ferrer, el secretario de Estado sostuvo que: "Soy el director de la orquesta y, como tal, tenemos dos violinistas muy bien pagados, pero que tocan desafinados y mal", refiriéndose a Alsacia-Express y a Subus, las que concentran el 41% de los servicios del sistema en la capital y que han declarado que poseen deudas con sus acreedores que no han podido saldar. Agregó que "como director de orquesta, si no mejoran, no van a tocar en el concierto".

El ministro recordó que a raíz de la situación de Alsacia -que ha dado a conocer que posee un déficit de 133 vehículos-, se quitarán cinco servicios, debido a que no puede cumplir con estos. "Se le van a reasignar  recorridos, pues, básicamente, con la flota no cumplen con el plan operacional. Se les van a entregar a otras empresas. Ya fueron informados y no hay vuelta atrás con esa decisión".

Sin embargo, la compañía anunció ayer que impugnaron la decisión de Transportes de cambiarles el programa de operación, debido a que pierden validaciones, especialmente, a través del servicio 112, que circula entre La Florida y Vespucio Oriente. "Con la flota que tienen y el estado de mantención de las máquinas, soy partidario de achicar el plan operacional, más que sigan creciendo", agregó Gómez-Lobo.

Procesos

Las dos concesionarias que han hecho ver al gobierno  que sus problemas económicos se podrían subsanar tras la revisión de los contratos, con la finalidad de que la autoridad les reajuste la tarifa, debido a que han subido los costos por pasajero y kilómetro recorrido.

En cuanto a Alsacia, el ministro dijo que esperan llegar a un acuerdo a la brevedad respecto a la revisión que se realiza cada 24 meses. La firma pidió un aumento de la tarifa por factores que "afectan el equilibrio económico", como el costo por kilómetro recorrido, evasión, vehículos faltantes y disminución de velocidades, entre otros. La inyección de recursos podría llegar en momentos en que la empresa tiene un plazo de 90 días para llegar a un acuerdo con sus acreedores para el pago de parte de los US$ 400 millones a bonistas y a los fabricantes Volvo y Scania.

En paralelo, Transportes finalizó el análisis ordinario de contrato para Subus, la que debe US$ 180 millones a la banca. El documento, que contempla la entrega de $ 9 mil millones, fue aprobado por al Contraloría este mes y  podría publicarse en los próximos días en el Diario Oficial. Además, la firma ha pedido que se evalúen excepcionalmente sus contratos. Ante ello, el gobierno ha reconocido que deberá entregarles más recursos por el concepto de "trabajo pesado" de sus conductores, lo que sube los costos, pero no ha respondido a otros requerimientos de la empresa.