El ministro del Interior del Reino Unido, Alan Johnson, afirmó hoy que la adquisición de un carnet de identidad siempre será voluntario para los ciudadanos británicos, mientras que para los trabajadores extracomunitarios será obligatorio.
El anuncio del nuevo titular del Home Office, que sustituyó a Jacqui Smith en la remodelación del Gabinete de principios de mes, supone un cambio de rumbo en la política laborista anunciada hasta ahora, que pretendía introducir el CI de forma progresiva y con experiencias piloto con el objetivo de hacerlo eventualmente obligatorio.
Johnson anunció hoy que cancelaba las dos experiencias piloto previstas para probar el funcionamiento del programa y que hubieran requerido que el personal y pilotos de los aeropuertos de Manchester (norte) y London City llevaran el CI en el ejercicio de su trabajo.
Este experimento será ahora voluntario, aseguró el ministro en su primer anuncio significativo desde que asumiera el cargo procedente de Sanidad.
La introducción de un carné de identidad, opuesta por los partidos de la oposición, causa polémica en el Reino Unido, donde no existe ninguno, porque se considera que es una intromisión excesiva del Estado y una violación de las libertades civiles.
Johnson recalcó que "tener un carné de identidad debe ser una decisión personal para los ciudadanos británicos, como lo es ahora sacarse el pasaporte".
Por tanto, los británicos que lo deseen y unos 3.500 lo han hecho ya podrán obtener el documento de forma voluntaria a medida que se vaya introduciendo en todo el territorio esa facilidad, que está ya disponible en la ciudad de Manchester y el año próximo se extenderá a todo el noroeste de Inglaterra.
Sólo los trabajadores extranjeros estarán obligados a poseer el documento, señaló el ministro, que indicó que se han expedido ya 50.000 para ese colectivo.
Johnson insistió en que el CI era necesario para combatir el crimen, como empleo ilegal, tráfico humano o estafas de identidad, pero reconoció que el Gobierno había exagerado sus ventajas para la lucha contra el terrorismo, ya que se ha demostrado que la posesión del documento no previene atentados.