Hasta las dependencias del Ministerio de Defensa llegaron ayer dirigentes del PC y representantes de Agrupaciones de DD.HH. para solicitar la remoción del jefe del Estado Mayor, general Guillermo Castro. El uniformado, número dos del Ejército, reconoció haber pertenecido, entre 1979 y 1982, a la CNI.
"Venimos a exigir que se ordene la renuncia inmediata del general Guillermo Castro, quien no solamente fue parte de la CNI, sino también declaró en calidad de inculpado en el caso por el asesinato de 22 campesinos en Paine y reconoció su designación como responsable de unidades de fusileros", se lee en la misiva dirigida al ministro Andrés Allamand.
Una hora antes, el secretario de Estado había ratificado en La Moneda que el actual gobierno mantendrá los criterios utilizados por sus antecesores de la Concertación: no se inhabilitará a a uniformados por su solo paso por los organismos de seguridad del régimen militar.
Allamand, además, aseguró que de las 770 militares que alguna vez pasaron por la CNI, actualmente "no más del 3,5%" cumple funciones en el Ejército.
El propio Presidente Sebastián Piñera abordó ayer el tema y sostuvo que "ningún responsable de violaciones a los DD.HH. será parte de las Fuerzas Armadas o del gobierno".
El juez del caso Paine, Héctor Solís, en tanto, sostuvo que en contra del general Castro "no existen, por ahora, antecedentes que permitan imputarlo en este minuto".
