El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, afirmó que el gobierno acatará eventuales ajustes que podría realizar el Tribunal Constitucional (TC) a la ley que introduce la televisión digital terrestre, la cual ayer fue despachada por el Congreso.

"La ley es de quórum calificado, por lo tanto tiene que ir al Tribunal Constitucional. Junto a la obligatoriedad de la ley de ir al TC, es razonable que si personas opinan que hay artículos que son constitucionalmente discutibles lo planteen al tribunal, en eso simplemente vamos a atenernos a lo que el TC diga, como pasó con el people meter y se harán las correcciones si es que hay que hacerlas", dijo Errázuriz.

De todos modos, el ministro recalcó que "estamos muy tranquilos de que es un muy buen proyecto".

En cuanto al tiempo que podría durar la revisión de la ley en el Tribunal Constitucional, el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, señaló que "el TC tiene sus tiempos, esta ley tiene varios artículos que son orgánicos constitucionales, y si hay requerimientos eso va a tener otro análisis. No sé exactamente cuánto tiempo podría durar la revisión, lo lógico y tomando el caso de la Ley de Antenas, fueron 60 días los que estuvo en el tribunal".

Atton explicó que luego de promulgada la norma legal la Subtel tiene 60 días para publicar el decreto supremo que fija las frecuencias en banda UHF... "Después los canales actuales tienen 120 días para presentar al CNTV su programa de migración durante los próximos cinco años. Pensamos que entre marzo y junio debieran conocerse la presentación de los proyectos, para que se empiece a migrar desde la TV analógica a la digital".

Ayer, legisladores de la UDI advirtieron que, pese a entregar su voto a favor al proyecto, es clave que el TC se pronuncie sobre ciertas materias que pueden pasar a llevar los derechos constitucionales.

La senadora e integrante de la comisión mixta que discutió el proyecto, Ena Von Baer (UDI), solicitó reserva constitucional aludiendo a que se atenta contra la libertad de expresión: "Las campañas de utilidad pública, hasta este momento, el Estado las tiene que pagar y si estas van en contra de la línea editorial del canal éste puede no transmitir o establecer una alternativa. Este proyecto de ley, tal como está saliendo, implica que las campañas pasan a ser gratuitas y no puede establecer un mecanismo alternativo".

La legisladora agregó que el proyecto permite caducar una concesión por vulnerar una ley laboral, la cual "no necesariamente tiene que ver con el correcto funcionamiento de la televisión."

Por su parte el senador de del gremialismo, Jovino Novoa, que también votó a favor de la iniciativa, arguyó que la nueva regulación vulnera derechos constitucionales, apelando a que existe una discriminación en el proyecto al prohibir a los canales a acceder a una segunda concesión, excepto por TVN: "Esta norma es discriminatoria a mi modo de ver. Establece un privilegio que, en mi opinión, no se justifica constitucionalmente".

El parlamentario agregó que la iniciativa Must Carry, que obliga a los operadores a la creación de cuatro canales locales, es otro elemento que deberá ser revisado por el órgano de control constitucional.