La semana pasada, el gobierno rumano aprobó un decreto que despenalizaba ciertos casos de corrupción en el país.
Esta medida causó una de las protestas más grandes en las calles rumanas desde el derrocamiento del comunismo en 1989, la que convocó a medio millón de personas.
El domingo pasado, en una sesión extraordinaria, el gobierno decidió revocar esta ley suponiendo que esto pondría fin a las manifestaciones y repercusiones. Sin embargo, el ministro de justicia, Florin Iordache, anunció su dimisión este jueves.
"Decidí presentar mi renuncia", declaró Iordache, quien fue uno de los autores del decreto promulgado el 31 de enero.
"Desde que llegué al ministerio de Justicia, he realizado todas las gestiones necesarias para remediar una serie de problemas sensibles (...) Todas mis iniciativas han sido legales y constitucionales", se defendió Iordache durante una conferencia de prensa en la sede del gobierno rumano.
El Ejecutivo aún no ha comunicado quién será su reemplazante en la cartera de justicia.
