A comienzos de julio pasado, el Ministerio de Medio Ambiente ingresó al Senado uno de los proyectos de ley más ambiciosos desde la constitución de la cartera en 2010: la creación de un servicio que aúne la administración de todas las áreas protegidas del país, ya sean parques, reservas, monumentos naturales o santuarios de la naturaleza, en tierra y en mar, y que hoy se encuentran bajo la tutela de distintos organismos del Estado, como Conaf y Sernapesca, o en manos de privados.

Este nuevo Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas (SBAP) se ha establecido como una instancia inédita en el país, al proponer nuevos métodos para el cuidado efectivo de la biodiversidad, como la instauración de planes de manejo en las áreas protegidas y fuera de ellas, cuando se declare que un ecosistema esté amenazado. A la vez, entregará incentivos para que privados formen sus propias zonas de conservación y establece un Fondo Nacional de Biodiversidad  que financiará estos planes, además de las acciones de monitoreo e investigación.

Según el titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, el nuevo servicio permitirá "dar protección efectiva a las áreas de conservación".

Para constituir el servicio es necesario trasladar atribuciones desde otros organismos. ¿Cómo se haría esta implementación?

En una primera etapa habría una administración directa del servicio de las áreas protegidas que hoy no administra la Conaf y, luego del tercer año, administraría su totalidad. Por tanto, el énfasis de los primeros años estará en lograr dar protección real a las áreas protegidas que hoy no tienen, como reservas marinas y santuarios de la naturaleza.

¿Cuál es el plazo que se han propuesto para que el proyecto sea aprobado?

Queremos que sea ley en el lapso de un año y medio. Pero primero, queremos escuchar a todos los actores interesados, organizaciones, académicos, asociaciones que han pedido audiencia en el Senado, ya que nos parece una buena instancia para saber sus opiniones. Luego vamos a hacer uso de las urgencias legislativas, porque nos interesa que este proyecto avance.

¿Se crearán nuevas áreas protegidas en el corto plazo?

No está pensado, a priori, crear nuevas categorías, y la prioridad es hacerse cargo de lo que existe, porque muchas áreas tienen una protección formal, pero no real. Pero el proyecto contempla varios instrumentos  que fomentan la conservación de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas, como, por ejemplo, declarar algunos sitios o ecosistemas como degradados o amenazados, e implementar algunos planes de gestión para recuperarlos, sin que necesariamente esos lugares se conviertan en áreas protegidas.

¿Cómo se hará la afectación y desafectación de las áreas protegidas? 

Se considera un mecanismo que involucra un informe técnico del servicio, un pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y un decreto supremo firmado por el ministro y el Presidente de la República. La propuesta del proyecto de ley es bastante más exigente de lo que hoy existe.

¿Cuánto costará la implementación del servicio?

Son 33 mil millones de pesos proyectados para el servicio en régimen, que es después del quinto año.

Es casi el presupuesto que tiene el ministerio, de $ 36 mil millones. ¿Cree que hay voluntad para aprobarlo?

Absolutamente. Este es un servicio tremendamente importante para el ministerio.

Una de las críticas al proyecto es que no define de forma categórica qué tipo de intervenciones se pueden realizar en las distintas áreas protegidas.

Ahí está la importancia de los planes de manejo. Ellos permitirán distinguir qué se puede o que no se puede hacer en un área protegida, dependiendo de su categoría. Además, todos los proyectos tienen que ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

PARTICIPACIÓN

Otra de las críticas al proyecto es que el servicio entrega instrumentos de gestión, pero no elimina las fricciones que puede tener con otros organismos sectoriales que van a seguir teniendo atribuciones fuera de las áreas protegidas.

¿Cómo se enfrentará esa situación?

Esa es la importancia de que los instrumentos principales son decisiones del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde participan otros ministros sectoriales. Esa es la ventaja y tiene que ver con la incorporación de esos ministerios a las decisiones del funcionamiento de la biodiversidad.

¿Están abiertos a introducir modificaciones?

Nos vamos a formar una visión completa cuando hayamos escuchado a todos los actores. Creo que los incentivos a privados son temas donde uno ha escuchado que se requieren más incentivos para tener mayores y mejores áreas protegidas privadas.