A través de un documento colectivo, donde se rechaza la competencia de Contraloría, los ministros respondieron al oficio enviado por el contralor, Ramiro Mendoza, tras la denuncia, realizada por el comando de Sebastián Piñera, de un supuesto incumplimiento del instructivo que regula la prescindencia de funcionarios públicos durante la campaña.

"El hecho de no estar de acuerdo con una opinión política, no justifica que dicha opinión sea considerada una falta al principio de probidad, y en consecuencia la Contraloría carece de competencia para pronunciarse respecto de las expresiones vertidas por los ministros en el ejercicio del su cargo", dice el documento de tres páginas fechado el 14 de octubre.

El texto, firmado por los ministros José Antonio Viera-Gallo (secretario general de la Presidencia y en calidad de canciller subrogante),  Carolina Tohá (secretaria general de Gobierno), Marigen Hornkohl (Agricultura), Mónica Jiménez (Educación) y Sergio Bitar (OO.PP), dice que la función de un ministro, como colaborador del Presidente, "es por esencia política y en su ejercicio necesariamente está llamado a realizar acciones y a emitir opiniones de significación política".

Además, en una antigua interpretación del Estatuto Administrativo, explican que por la naturaleza política del cargo, "los ministros no son funcionarios públicos, razón por la cual no se encuentran afectos al régimen de responsabilidad administrativa".

Jorge Schaulsohn, miembro del comité estratégico de Piñera dijo que la respuesta es "un desafío a la autoridad del contralor". En tanto, ayer el senador Andrés Chadwick pidió a Contraloría investigar el caso del subsecretario de Desarrollo Regional, Francisco Aleuy, quien el martes abandonó un acto de Eduardo Frei utilizando un auto fiscal.