Auditorías a las unidades que derivan pacientes públicos para diálisis al sistema privado ubicadas al interior de los hospitales de alta complejidad del país impulsó la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, para revisar de qué forma se hacen esas gestiones desde el ámbito clínico y administrativo.
Así lo explicó la subsecretaria, Gisela Alarcón, en la primera sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara realizada este martes, que revisará las compras a privados del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) desde el 2012 en adelante, además, del funcionamiento de las sociedades médicas.
"Hemos reforzado la instrucción a los servicios de salud de los hospitales para que esos procedimientos (las derivaciones) se observen de forma adecuada y estamos realizando auditorías a nivel de todo el país para tener la tranquilidad de que estos procedimientos se están haciendo de forma adecuada, desde la lógica clínica y también administrativa", explicó Alarcón.
De los $ 196.738 millones destinados por presupuesto para la compra directa de Fonasa este año, que incluye además las derivaciones por ley de urgencia, camas críticas, y Bono Ges, sólo en diálisis se ha gastado $ 137.321 millones, esto para costear el tratamiento de cerca de 18 mil pacientes públicos. Las auditorias se suman a otras medidas que está impulsando la Subsecretaría en conjunto con Fonasa para el control de gastos, como la prevención de la diabetes mellitus, cuidados paliativos del paciente que requiere diálisis, además de la inclusión de unidades de diálisis en los nuevos hospitales que está construyendo el Estado, entre otras.
Durante la comisión, además, Alarcón sostuvo que entre el 2015 y 2016 las derivaciones entre organismos públicos y hacia prestadores privados aumentaron en un 32%, fuertemente presionados por la Alerta Sanitaria de la Campaña de Invierno que finalizó a mediados de octubre y que tuvo dos peaks por enfermedades respiratorias; el colapso en las urgencias de los hospitales San José y San Juan de Dios en agosto, y el aumento en el requerimiento de traslado de pacientes neonatológicos, entre otros.
Percance por entrega de información
Un percance que hubo durante el desarrollo de la comisión fue que desde el Ministerio de Salud se indicó que no correspondía entregar información del quehacer de los servicios de salud respecto al funcionamiento de las sociedades médicas al interior de los hospitales, ya que se trata de compras de los servicios y no de Fonasa directamente, como dice el mandato de la comisión.
Al respecto, el presidente de la instancia parlamentaria, Miguel Angel Alvarado (PPD), indicó que "no pueden haber restricciones para esta investigación, si no sería una enmascarada de investigación la que vamos a llevar adelante. Lamentamos lo que pasó, que por interpretación legal de nuestras visitas, notificaron desde el punto de vista jurídico que no pueden dar información de los servicios de salud porque no correspondería a Fonasa. Pensamos que no es así, queda claro cuáles son los puntos que vamos a investigar. Voy a pedir a la Cámara que se aclare bien el punto, que nos den la posibilidad de investigar el consultorio más chico hasta la clínica más encopetada. La sociedad exige transparencia".
Por su parte, la ministra de Salud, Carmen Castillo, quien también expuso en la instancia indagatoria, indicó que se aportarán todos los antecedentes que soliciten los parlamentarios: "Para nosotros es importante ir avanzando en transparentar la información y como Ministerio de Salud estamos disponibles para entregar antecedentes que disponga esta comisión investigadora. Lo que sí, hay que ser muy claros en los objetivos de la comisión y es lo que discutimos y lo que se aclaró".
