"Un 20% de los embarazos presentan patologías de alto riesgo y pueden llegar a comprometer la vida de la mujer y/o producto de la gestación", plantea un documento del Ministerio de Salud. Se trata de uno de los argumentos que expondrá la cartera desde hoy, en la discusión del proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo, en tres causales.
La primera alude al riesgo vital, presente o futuro, de la mujer durante la gestación. Al respecto, Salud plantea que algunas patologías que pueden afectar a las embarazadas no son prevenibles "y requieren de intervención médica urgente para preservar la vida de la mujer, como un embarazo ectópico, embarazo molar, preeclampsia severa o síndrome Hellp", entre otras.
Frente a esto, la iniciativa propone "permitir que la mujer tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo".
La postura del Minsal, además, sostiene que esto también debe plantearse ante patologías susceptibles de agravarse con el embarazo. Eso, para que "considerando los antecedentes y la evolución clínica, no se dilate la decisión de un procedimiento terapéutico hasta situaciones en que el riesgo de vida de la persona es extremo", como puede ocurrir en casos de insuficiencia cardíaca, ante lo cual el equipo tratante "deberá recomendar la interrupción antes de llegar a la falla cardíaca absoluta, cuando en forma real existe el riesgo vital dado por una grave afectación de salud y no esperar el riesgo inminente de muerte".
Según cifras de Salud, la mortalidad materna en Chile -que ocurre hasta los 42 días después del parto- es de 17.2 por cada 100 mil nacidos vivos, y la mortalidad materna tardía -deceso de una mujer por causas obstétricas atribuibles al embarazo, hasta un año después de parto- llega a 22.1.
"No ha sido posible reducir esa mortalidad materna en 10 años", plantea el proyecto de ley, que afirma que en 2012 hubo 54 mujeres que murieron en su proceso de gestación y que, de ellas, el 40% presentaba una patología médica concomitante (insuficiencia hepática o respiratoria, entre otras) y que el 22,5% mostraba condiciones clínicas como pre eclampsia severa o síndrome de Hellpp, "de las cuales un porcentaje significativo pudo haberse tratado clínicamente con interrupción del embarazo para resguardar sus vidas".
Según proyectó la ministra de Salud, Carmen Castillo en entrevista con La Tercera, cerca de un tercio –y principalmente las asociadas a casos de aborto- podrían evitarse con el proyecto de ley en trámite.
La segunda causal, en tanto, plantea despenalizar la interrupción del embarazo cuando "el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina", es decir, cuando presente incapacidad para sobrevivir por sus propios medios fuera del útero materno, lo que ocurriría en unos 465 casos anuales, promedio, en el país. "Para poder catalogar un embarazo con esta condición, se requiere un proceso de diagnóstico y análisis por equipo especializado que pueda llegar a un convencimiento técnico y científico de lo esperable en cada caso, para hacer la recomendación a la mujer", postula el proyecto, que sostiene que cada año, en promedio, se hospitalizan 16.510 mujeres, con embarazos de menos de 22 semanas, pertinentes a las dos primeras causales.
El último escenario en que se aplicaría la norma es frente a embarazos que sean consecuencia de una violación, explicitando que la norma no estipula una obligación para ninguna mujer, sino que ofrece opciones "para que puedan tomar una decisión de acuerdo a sus convicciones",
A esta causal se podría recurrir siempre y cuando no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. En el caso de menores de 14 años, que además requeriría autorización de un representante legal, el tiempo de aplicación se aplazaría a las 18 semanas de embarazo.
Frente a los casos de violación en el país, el Ministerio de Salud admite que existe un sub diagnóstico pero, recogiendo las estadísticas de denuncias de carabineros, se estima alcanzan los 2 mil casos al año.
Este punto es uno de los que genera más discordancia entre los sectores políticos, agrupaciones sociales, el gremio médico y los centros de salud. Esos últimos, plantean que en la ley no están claras las garantías para médicos que opten por realizar abortos, por lo que podrían ser posteriormente perseguidos penalmente.
Al respecto, la ministra de Salud, Carmen Castillo, explicó que existirá un protocolo de manejo para estos casos, que incluyen un componente judicial, que no excederá las 72 horas y especialmente en las niñas menores de 14 años, para despejar toda responsabilidad desde el cuerpo médico y los equipos técnicos. "Hay guías clínicas muy claras y precisas respecto a cómo manejarlo, porque en todo esto, nosotros cada vez estamos exigiendo más rigurosidad".
