La monja María Gómez Valbuena más conocida como Sor María, tiene cerca de 80 años y vive en un convento de las hermanas de la Caridad en Madrid. Es hoy la primera persona imputada en España por el supuesto robo de recién nacidos durante el franquismo y los primeros años de la democracia, sobre todo entre 1950 y 1990, lo que ha generado una gran conmoción en el país.

Esta jornada, Sor María compareció ante un juzgado donde se negó a declarar, informaron a Efe fuentes jurídicas. La religiosa fue convocada después de que el magistrado recibiera la denuncia de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de María Luisa Torres, una madre que acusa a la monja de haberle arrebatado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en una clínica madrileña. La religiosa trabajaba como asistente social en ese hospital cuando, según la denunciante, ocurrieron los hechos.

Sor María, que estaba citada en calidad de imputada, fue custodiada tras su comparecencia por agentes policiales, encargados expresamente de que no se produjesen incidentes a su salida, dada la gran expectación mediática.

Sor María, con el hábito de las Hermanas de la Caridad, acudió a los juzgados acompañada por otra monja de la congregación.

El 3 de marzo María Luisa Torres, que declaró como testigo ante el juez, ratificó su denuncia y explicó que sor María le quitó a su guagua por "adúltera", ya que el padre no era su marido, después de haber intentado engañarla diciéndole que la niña había fallecido en el parto.

La comparecencia de sor María en el Juzgado coincide con la reunión que las asociaciones de afectados por los casos de "niños robados" van a mantener hoy con los ministros españoles del Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, además de con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados pidió en marzo pasado al gobierno español que impulsara y continuara con las actuaciones encaminadas a tratar de esclarecer los casos de niños robados y facilitar el reencuentro entre los familiares.

Hasta el 14 de noviembre de 2011, se habían abierto 1.072 diligencias informativas y 342 diligencias previas, al tiempo que se había llevado a cabo 14 exhumaciones.

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que le envíe datos actualizados sobre las investigaciones.