En lo que va de 2009, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) aumentó en un 77% las fiscalizaciones sobre denuncias por uso ilegal del agua y en un 23% las inspecciones del recurso hídrico, respecto al año pasado.
El subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia, y el jefe de la Unidad de Fiscalización de la Dirección General de Aguas del MOP, Francisco Riestra, detallaron los tipos de infracciones detectadas: extracciones de agua no autorizadas (sin contar con los respectivos derechos); extracciones por sobre los caudales permitidos; exploraciones no autorizadas (excavaciones de pozos); posible usurpación de aguas y obras construidas en cauces de ríos y lagos que no han sido evaluadas por el servicio y que alteran o entorpecen el libre paso de las aguas, poniendo además en riesgo a la población y el ambiente.
Saldivia destacó que desde el 2008 el MOP ha impulsado una fiscalización activa del agua, mediante la contratación de profesionales de dedicación exclusiva para supervigilar en terreno las infracciones al código respectivo, lo que ha permitido investigar 721 casos durante el año pasado y 474 hasta el 30 de junio de 2009, en coordinación con el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (Bidema), y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La autoridad agregó que estos antecedentes han sido entregados al Ministerio Público para la investigación de los posibles delitos de usurpación, y los correspondientes juzgados de Policía Local regionales para cursar las multas, además de las sanciones administrativas que consisten básicamente en ordenar la detención de las extracciones y apercibir a modificar o destruir las obras no autorizadas, con apoyo de la fuerza pública en los casos que sea necesario.
En los casos expuestos, 32 fueron derivados al Ministerio Público; 65 a los juzgados de Policía Local; y en 108 se aplicaron acciones administrativas, como detener la extracción o restituir el cauce de un río, por ejemplo.
Dado que las actuales penas para estos delitos son muy bajas, el subsecretario Saldivia anunció que se trabaja en la elaboración de algunos proyectos para modificar el Código de Agua y así establecer, entre otras cosas, procedimientos más expeditos, fiscalizadores con categoría de Ministros de Fe, mayores multas y penas acordes con el daño ambiental y económico que provocan este tipo de infracciones.
