Más de $ 227 mil millones gastó la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la mantención de los tramos de la Ruta 5 que no están concesionados, esto entre los años 2012 y 2016. Se trata de la principal vía que conecta al país desde Arica a Chiloé y, según informó Vialidad, solo seis tramos siguen bajo su custodia.
La cifra de inversión se desprende de datos entregados por la cartera, vía Transparencia, y donde se detalla el desarrollo de 24 proyectos en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Los Lagos. La mayor inversión se realizó en 2013 con más de $ 71 mil millones. Actualmente solo hay una obra en ejecución en Atacama, cuyos trabajos debieran terminar en octubre de este año.
Un gasto que, según expertos, podría evitarse si el MOP impulsa los proyectos que están en carpeta para avanzar en la concesión de los tramos que faltan. Actualmente hay una iniciativa para concesionar desde Caldera a Antofagasta, y otro proyecto para continuar hacia Iquique.
El gerente de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Carlos Piaggio, explicó que uno de los beneficios de que una empresa privada se haga cargo de una ruta es que no solo libera recursos para que el Estado deje de gastar en mantención, sino que "permite elevar el estándar y la seguridad de la vía". Asimismo, dijo que "si se está haciendo un esfuerzo en hacer el puente sobre el canal de Chacao, se debiera priorizar un mejoramiento completo de la Ruta 5 en esa zona, o por lo menos entre Chacao y Chonchi".
El secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz, añadió que el modelo de concesiones permite asegurar las obras en caso de catástrofes o cortes de conexión que obligan al concesionario a reponer la infraestructura sin costo para el Estado.
Pese a esto, para el presidente de Conadecus (entidad que agrupa a los consumidores), Hernán Calderón, el costo para un automovilista es mayor porque, señaló, "cuando se inicia una concesión no hay ninguna rebaja. Seguimos pagando los costos que se asocian a la compra de un vehículo, bencina, impuestos y, además, peajes".
Añadió que como el modelo es validado por la autoridad y lo más probable es que se extienda a los tramos no concesionados de la Ruta 5, "esperamos que los futuros contratos regulen los precios y que se establezcan cláusulas para poder revisarlos periódicamente. Que se mantenga el servicio porque en Chiloé, por ejemplo, la gente no está acostumbrada a pagar peajes, y menos cobros como los que hacen ahora porque se establecieron tarifas de saturación, siendo que las autopistas se congestionan porque se calculó mal la proyección de uso".
Cruz explicó que el pago de tarifas en peaje o tag es un incentivo para el privado que invierte, y por ello "es necesario generar las condiciones para que puedan recuperar su inversión y eso pasa por el cobro que se hace a los usuarios. Si no existe esa disposición, no hay carreteras de alto estándar. Las tarifas están debidamente reguladas en los contratos, a los cuales los inversionistas accedieron luego de un proceso competitivo, y son supervisados por el MOP. Por lo tanto, debiera existir la confianza de que lo que se cobra no es abusivo".
El consejero del CPI añadió que independiente de avanzar en la concesión, se debe apuntar a otros modos de transporte como son los trenes rápidos "como alternativa al transporte carretero, tal como sucede en Europa y en otros países".
