MOP reducirá participación de empresas de asesorías de inspección fiscal en proyectos

El 24 de febrero de 2015 se produjo una falla que paralizó el puente Cau Cau, el primero basculante del país, ubicado en Valdivia. Ese día también se inició una revisión de procedimientos, que terminaron con la salida de funcionarios de la Dirección de Vialidad, el término anticipado del contrato con la constructora Azvi, además de sanciones administrativas tanto para esta firma como para la empresa de Asesoría de Inspección Fiscal (AIF), Zañartu Ingenieros Consultores, cuyo rol era apoyar la labor del inspector fiscal (funcionario del MOP), en la verificación de los cumplimientos.

A partir de este caso, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), inició una revisión sobre la función que cumplen las AIF en los diferentes proyectos públicos que esta cartera ha impulsado.

Según el análisis, al que tuvo acceso La Tercera, entre 2009 y 2015 se detectaron al menos 12 empresas cuyos pagos, por diferentes contratos AIF, suman más de $ 10 mil millones. Cuatro de estas firmas concentran el 54% de los convenios firmados en el mismo periodo por más de $ 256 mil millones. En la lista aparece en primer lugar Zañartu, con 94 contratos por un total de $ 79 mil millones. Le sigue Cruz y Dávila Ingenieros, con 91 acuerdos por $ 70 mil millones; Axioma Ingenieros, con 87 convenios que suman $ 61 mil millones e Ingelog, con 67 contratos que totalizan $ 44 mil millones.

Eso, sin sumar los casos en que las mismas empresas forman consorcios para participar conjuntamente y adjudicarse otros proyectos, según información consolidada del portal Mercado Público. De acuerdo a estos datos, las asesorías van desde obras de innovación como el puente Cau Cau, que estaba en manos de Zañartu por un total a pagar de $ 784 millones o el puente Chacao que une Chiloé con el continente, cuya AIF se adjudicó el consorcio RyQ-Cowi, por $ 23 mil millones; hasta proyectos con menos complejidades, como las asesorías para "caminos básicos por conservación 2015-2016", en la Región de Los Ríos, es decir, revisión del cumplimiento de obras en 12 vías secundarias de esta zona, a cargo de la empresa Jorge Ugarte Ingenieros que, en febrero de este año, tuvo un aumento de presupuesto de $ 94 millones, totalizando un gasto de $ 388 millones.

La firma aparece también con el mejor puntaje en la reciente apertura de ofertas económicas para la "Asesoría de Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos por Conservación 2016-2017", en la misma región, para supervisar ocho vías, realizada el pasado 14 de junio, donde ofertó $ 273 millones, según datos de Mercado Público.

Cambios

Se trata de un escenario que el MOP pretende cambiar. Así lo explicó el subsecretario de esta cartera, Sergio Galilea: "Tenemos que fortalecer la inspección fiscal y creemos que una de las maneras es revisando las asesorías de inspección fiscal (AIF), en términos de fuerza, tamaño y monto de recursos".

Según cifras que entregó el subsecretario en la Comisión de OO.PP de la Cámara, el pasado 10 de mayo, del total de inversión que se realiza para un proyecto, el 8% se destina a pagar una AIF y un 2% a costos por recursos humanos y administrativos del MOP. En esa línea, la autoridad añadió que "vamos a disminuir relativamente las asesorías de inspección fiscal y vamos a fortalecer la inspección fiscal (funcionario del MOP)".

Sobre la concentración de asesorías, Galilea aseguró que actualmente "hay un mercado competitivo, se presentan a veces cuatro o seis empresas en un proyecto, y hay un grado de concentración también, pero los cambios no los hacemos por eso. Por cierto tenemos que ir hacia un mercado competitivo con una mayor cantidad de actores, pero es para que nosotros podamos tener profesionales trabajando en la inspección fiscal directamente y poder fiscalizar la asesoría. Muchas veces un inspector tiene cuatro o cinco proyectos y depende totalmente de la asesoría de inspección fiscal que finalmente, a la hora de la verdad, nunca es responsable".

El anuncio fue valorado por el senador Alfonso de Urresti (PS), quien ha cuestionado este mecanismo: "Hay que apuntar a tener un Ministerio robusto, con funcionarios más incentivados en su remuneración y carrera funcionaria y no tener estos despilfarros de dinero con empresas", dijo.

Para De Urresti, el problema es que el precio de una Asesoría es difícil de cuantificar, no así la construcción, donde se tiene certeza del valor de materiales y otros insumos. En la AIF, añadió "puedes decir que necesitas $ 500 millones pero también pueden ser $ 800 millones. No hay parámetros".

El presidente del Colegio de Ingenieros, Cristián Hermansen, apuntó a mejorar los procesos internos de licitación para ampliar el mercado de firmas postulantes. "Puede que en el mercado chileno existan empresas con capacidad de hacer los trabajos que pide el MOP u otra institución, pero puede que no estén interesadas, porque el proceso para postular sea demasiado burocrático", explicó Hermansen, en el marco del trabajo que realiza en la Comisión Asesora del Fortalecimiento de la Ingeniería que reúne a diferentes profesionales del rubro, convocados por el MOP.