El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentó hoy que la justicia tardara 17 años en esclarecer un incendio en una discoteca gay que dejó 16 muertos, lo cual impide procesar ahora a los presuntos responsables.
"Si los muertos no hubieran sido homosexuales, la actitud de la justicia y la policía hubiera sido diferente", señaló hoy Rolando Jiménez, presidente del Movilh.
En un fallo confirmado el 6 de abril, la jueza Patricia Montenegro Vásquez estableció que el incendio acaecido en la discoteca Divine de Valparaíso en 1993 se debió al mal mantenimiento del sistema eléctrico del local y no a un atentado homofóbico como se pensó durante estos años.
La negligencia en el mantenimiento podría haber llevado a que los regentes de la discoteca fueran procesados por el delito de homicidio culposo, pero la jueza dictó el sobreseimiento definitivo de la causa, debido a que ese delito prescribe a los diez años, aunque señaló como responsables al dueño de la discoteca, Nelson Arellano, y a su administrador, Arturo Masafierro.
El propio Arellano instaló el sistema eléctrico de la discoteca, cuya puerta de emergencia solía permanecer cerrada con cadenas y candados, lo que imposibilitó la salida de los clientes que asistieron al local la noche del 4 de septiembre de 1993.
Para el Movilh, la falta de diligencia por parte de la Justicia y la policía para dilucidar las causas del incendio derivó en que el caso permaneciera cerrado desde 1994 hasta 2003, lo que llevó a la prescripción de los presuntos delitos.
"Si hubiese habido un debido proceso aquí la responsabilidad hubiese sido determinada y las personas responsables hubiesen pagado como corresponde", señaló la abogada del Movilh, María Angélica Castro.
No obstante, el Movilh, que impulsó la reapertura del caso en 2003, resaltó que desde entonces la actitud de la justicia "fue totalmente diferente" y ensalzó su esfuerzo por aclarar las circunstancias del incendio.
Además, el Movilh acusó a Arellano y Masafierro de inventar la tesis del atentado homofóbico, que durante años se propagó por el país y fue acogida por otras organizaciones de minorías sexuales, con el fin de ocultar su responsabilidad en los hechos.
"Hubo muchos mitos. No vamos a poder procesarlos, pero esto tiene algo de justicia y es un triunfo", aseguró Jiménez, quien destacó que con esta resolución se está cerrando "un ciclo doloroso".
