Un documento de 39 páginas envió el 17 de mayo pasado el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) a la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH).

El texto corresponde a la respuesta que el organismo debía remitir para responder a la posición fijada por el gobierno de Sebastián Piñera frente a la demanda por matrimonio homosexual interpuesta contra el Estado de Chile en 2012.

En el escrito enviado por el Movilh -al que tuvo acceso La Tercera- se rechaza la postura adoptada bajo la administración anterior, en la que se pidió declarar inadmisible la demanda y se defendía el matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer.

Sin embargo, el Movilh agregó una petición formal al organismo dependiente de la OEA, que podría terminar por desactivar la demanda y evitar que el caso escale a la Corte Interamericana de DD.HH., entidad que podría forzar al Congreso chileno a modificar el Código Civil.

En el texto se pide abrir un espacio de negociación con el gobierno de Michelle Bachelet y permitir, de esa forma, una salida al conflicto.

"Esta parte informa a esta honorable comisión y, por su intermedio, al Estado de Chile, que tiene la voluntad de abrir un proceso de solución amistosa a fin de lograr la plena protección de las familias del mismo sexo en el Estado de Chile", se lee en el documento, elaborado por los abogados Ciro Colombara y Hunter Carter.

Para reforzar este punto se agrega la siguiente frase: "Esta parte igualmente solicita a esta honorable comisión, en virtud del artículo 40.1 de su reglamento, que utilice sus buenos oficios con el Estado de Chile para iniciar dicho proceso de solución".

Quienes participan de este proceso explican que la inclusión del matrimonio homosexual en el programa de gobierno de Bachelet gatilló la apertura a desactivar la demanda e iniciar un proceso de negociación. Esto, con la mediación del organismo internacional.

Sin embargo, agregan que la información proporcionada en el documento no implica retirar inmediatamente el caso, sino que abrir un espacio de diálogo con las autoridades chilenas para buscar una solución: si La Moneda se compromete a presentar un proyecto de ley para permitir el matrimonio homosexual, la demanda quedaría sin efecto.

De hecho, en una carta elaborada por los abogados involucrados -que acompañó la presentación enviada a la CIDH- se advierte que "vamos a perseverar en pedir que la Corte Interamericana sancione a Chile y requiera la modificación de su reglamento para abrir el matrimonio civil para parejas del mismo sexo".

La demanda -interpuesta en 2012- se debe a los casos en que dos parejas del mismo sexo no pudieron contraer matrimonio en Chile. Uno corresponde a una negativa del Registro Civil, mientras que la otra se debe a la imposibilidad de validar el vínculo contraído en Argentina, país que permite el matrimonio homosexual. La causa podría ser revisada en la próxima sesión de la CIDH, en julio próximo. Si el organismo la declara admisible, otorgará un plazo de tres meses para que La Moneda responda.

Hasta ahora, el gobierno ha estado analizando la respuesta enviada por el gobierno de Piñera para decidir cuál será la posición que se fijará. Hace algunos días, el ministro de la Segegob, Alvaro Elizalde, sostuvo que existían "diferencias" entre el programa de Bachelet y la postura de la administración anterior, aunque evitó adelantar cuál sería la decisión del Ejecutivo.