"Señora Bachelet, nosotros demandamos al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y le va a corresponder a su gobierno fijar una postura". Un mes antes de las elecciones, en una reservada reunión, el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, le entregó este mensaje a la entonces candidata de la Nueva Mayoría. Y la respuesta fue breve: "Evaluaré la situación en su momento".
La conversación aludía al caso interpuesto ante el organismo dependiente de la OEA el 15 de mayo de 2012, liderado por el Movilh y preparado por los abogados Ciro Colombara y Hunter Carter. La presentación se concretó luego de que en Chile se prohibiera contraer matrimonio a dos parejas de homosexuales. El primer caso corresponde a una negativa del Registro Civil, mientras que el segundo fue una pareja que intentó validar -sin éxito- el matrimonio contraído en Argentina.
Durante el proceso, el gobierno de Sebastián Piñera respondió a la CIDH el 24 de noviembre pasado, mediante un documento de 47 páginas remitido por el Departamento de DD.HH. de la Cancillería.
Si bien esa respuesta debía abordar aspectos de forma, en el texto -al que tuvo acceso La Tercera- también se incluyeron definiciones sobre el fondo. Entre otras cosas, en el escrito se pidió rechazar la admisibilidad de la demanda -argumentando que no se agotaron las instancias internas antes de recurrir a un organismo internacional- y se defendió el matrimonio entre un hombre y una mujer.
El pasado 10 de abril, la OEA envió una carta a las partes involucradas, en la que entregó un plazo de un mes para que el Movilh presente sus observaciones. Tras eso, la CIDH deberá resolver si acepta la admisibilidad de la demanda y, de aprobarse, otorgará un plazo de cuatro meses para que La Moneda fije una postura sobre el fondo del asunto. La decisión podría adoptarse en la próxima sesión de la CIDH, en el mes de julio.
En este contexto, el presidente del Movilh emplazó a Bachelet a modificar la postura asumida por el gobierno de Piñera. "Debido a las definiciones programáticas de la Presidenta, el gobierno debe revertir la respuesta entregada por Piñera. La respuesta debe incluir un compromiso concreto para el envío de un proyecto sobre matrimonio igualitario. Sólo en ese contexto evaluaríamos retirar la demanda", dijo Jiménez a este diario.
Quienes conocen los detalles sostienen que la presentación pone a la Mandataria en una compleja posición, tanto política como legalmente.
Bachelet se comprometió en su programa a presentar una iniciativa para regular el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que vaya más allá del Acuerdo de Vida en Pareja.
Así, no son pocos los que esperan que la Presidenta cumpla con esa oferta y contradiga la respuesta enviada por la administración de Piñera a la CIDH. Sin embargo, agregan que eso implicaría contravenir una postura de Estado y podría activar reclamos y presentaciones ante organismos como el Tribunal Constitucional. Esto, acusando una intervención indirecta de la Mandataria en un proceso que está en curso y, como consecuencia, una intromisión en el Poder Legislativo. Lo anterior se explica porque la comisión deberá decidir si eleva el caso a la Corte Interamericana de DD.HH., organismo que podría obligar al Congreso a modificar los artículos 80 y 102 del Código Civil.
