Los líderes del Movimiento Pase Libre, que inició la mayor ola de protestas de las últimas dos décadas en Brasil, salieron insatisfechos de la reunión que mantuvieron con la presidenta Dilma Rousseff debido a la falta de "propuestas concretas".

"El diálogo es un paso importante, pero sin acciones concretas que aseguren esas mejoras (en el transporte) para la población, no existe avance", dijo una de las líderes del movimiento, Mayara Vivian.

En declaraciones al diario "Folha de Sao Paulo", los líderes del movimiento contaron que la Presidencia de la República pagó los pasajes de los cuatro activistas que fueron de Sao Paulo a Brasilia para entrevistarse con Rousseff.

Dijeron que le manifestaron a la presidenta la necesidad de que el gobierno central presione para que el Congreso apruebe el proyecto de reforma constitucional que convierte el transporte público en un derecho social, pero la mandataria solo se comprometió a inspeccionar los gastos de los recursos públicos destinados al transporte.

El grupo, que realizó una primera protesta el pasado 6 de junio para reclamar contra el aumento de la tarifa del transporte público en Sao Paulo y desencadenó la ola de protestas por todo el país, defiende que el transporte público sea gratuito.

"Si hay dinero para construir estadios (para el Mundial), hay sí para la 'tarifa cero'", dijo la activista.

El grupo dejó el Palacio del Panalto, sede de la Presidencia de la República, anunciando que las manifestaciones callejeras continuarán.

"Las manifestaciones seguirán hasta que consigamos nuestro objetivo que es la tarifa cero", dijeron los activistas, quienes antes de reunirse con la mandataria publicaron una carta abierta en la que, irónicamente, manifestaban su "sorpresa" ante el "gesto de diálogo".

"Estamos sorprendidos con la invitación para la reunión. Imaginamos que también (usted) está sorprendida con lo que viene sucediendo en el país en las últimas semanas. Este gesto de diálogo por parte del gobierno federal desentona con el trato dado a los movimientos sociales que ha marcado la política de esta gestión", comienza la misiva, en la que el grupo justifica su defensa de la "tarifa cero".

"El transporte solo puede ser público de verdad si es accesible a todas y todos, o sea, entendido como un derecho universal. (...) Cuestionar los aumentos es cuestionar la propia lógica de la política tarifaria, que somete el transporte al lucro de los empresarios y no a las necesidades de la población", sostienen los activistas.

También se manifiestan contrarios a la exoneración de impuestos exigidas por las empresas del transporte y a que Brasil invierta "11 veces más en transporte individual, mediante obras viales y políticas de crédito para el consumo de vehículo", que en transporte público.

"Renunciar a tributos significa perder el poder sobre el dinero público, liberando recursos a ciegas para las mafias del transporte, sin ninguna transparencia ni control", resalta el movimiento nacido en 2005 en el marco del Foro Social Mundial celebrado en Brasil.

Por último, repudian la "criminalización y represión" de las manifestaciones, únicas responsables, a su entender, que la Presidencia los haya invitado a la reunión.

"Esta reunión fue arrancada por la fuerza de las calles, que avanzó sobre bombas (de gas lacrimógeno), balas (de goma) y prisiones", sostienen.