Dieciocho partidos políticos sin teléfonos de contacto, seis carentes de sitio web donde transparenten sus balances o los nombres de sus directivas, e igual número de colectividades sin un correo electrónico para aclarar dudas o recibir denuncias. Estos son algunos de los antecedentes que la tarde del 1 de febrero fueron materia de análisis en una reunión del Consejo de la Sociedad Civil realizada en las oficinas del Consejo para la Transparencia.
La instancia, que agrupa a 16 organismos como universidades, ONG y personas naturales, advirtió sobre la falta de información, transparencia y fiscalización de varios de los partidos que actualmente componen la escena política nacional.
Sólo en el último año se duplicó el número de tiendas políticas en Chile, (en 2016 pasaron de los tradicionales 14 partidos a ser 33 colectividades), esto gracias a las facilidades para su constitución, otorgadas por las reformas a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, lo que sumado a la nueva Ley de Fortalecimiento a la Democracia, que exige el refichaje de los militantes, de los partidos tradicionales (los constituidos antes de mayo de 2015) está cambiando el diseño del mapa político en Chile.
La principal inquietud que mostraron los miembros del Consejo de la Sociedad Civil apuntó a las debilidades en la fiscalización del Servicio Electoral (Servel), asunto central, ya que desde 2016, con los cambios a la ley, el Estado entrega millonario financiamiento a las tiendas y, por lo mismo, aumentó el estándar de exigencia a los partidos.
Por ejemplo, en la revisión de incumplimiento de transparencia fijados por ley, resaltan casos como el de los partidos Wallmapuwen, de Temuco, y Fuerza Regional Norte Verde, de Coquimbo. Ambos no cuentan con sitio web, correo electrónico ni teléfonos de contacto.
Según los datos del Servel, el Fisco entregó el año pasado a las 33 colectividades un total de $ 6.131.053.003 (ver tabla). Aun cuando la Ley 20.915, que fortalece los partidos políticos, aplica multas de entre 500 y 2.000 UTM ($ 2.3184.000 y $ 92.736.000, respectivamente), el cumplimiento de las normas de transparencia no estaría siendo debidamente fiscalizado ni sancionado.
La situación es seguida de cerca desde Chile Transparente. Alberto Precht, director ejecutivo de la ONG, asegura que "muchos de estos partidos ni siquiera cumplen con los mínimos requisitos que la ley establece en materia de probidad y transparencia. Con el tiempo se pueden transformar, como se les llama en otros países, en 'partidos pyme', que se crean con fines no electorales, sino más bien para recibir los aportes fiscales y poder tener una especie de negocio".
Precht agrega que "la fiscalización de transparencia, rendición de cuentas a través de la información que se publica en la web, debería estar en manos del Consejo para la Transparencia. Lamentablemente, eso no quedó así en la ley, sino que el Consejo puede recibir denuncias, pero no puede fiscalizar, sino que sólo pasar los casos al Servel".
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, aseguró que "no hay ninguna posibilidad de que el Servel pueda monitorear a 33 partidos políticos. Incluso, en un contexto electoral es aún más complejo, ya que, por ejemplo, en la última elección parlamentaria de 2013 se presentaron alrededor de 470 candidatos a diputado y 69 al Senado". Pero que, con el nuevo sistema electoral, "esa cifra lo más probable es que se triplique o cuadruplique y llegue a los 2.000 candidatos. Teniendo un volumen de partidos y candidatos de este tipo, el Servel no tiene los recursos ni las capacidades para fiscalizar el gasto electoral, así como tampoco las labores que son propias de los partidos".
Los cambios legales que permitieron la proliferación de nuevas tiendas tuvieron su génesis en 2014, cuando el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, negoció con los senadores Antonio Horvath y Lily Pérez una modificación a la ley que facilitara la constitución de partidos políticos, como moneda de cambio que garantizara los votos en la Cámara Alta para eliminar el sistema binominal.
Los ajustes a la Ley 18.603 tuvieron vigencia entre mayo de 2015 y abril del año pasado. Una ventana legal que permitió fundar 19 partidos, a los cuales se les exigió tener presencia en una región y contar con una afiliación del 0,25% del electorado. Las nuevas colectividades creadas el año pasado duplicaron a todos los constituidos entre 1988 y 2015.
Esta situación tensionó a los partidos políticos tradicionales, los que presionaron para hacer una nueva modificación a la normativa, la cual se aprobó en abril de 2016.
Así, se obligó nuevamente a que las tiendas tengan presencia en al menos ocho regiones a nivel nacional o en tres zonas contiguas. Sólo la intervención y reclamo en La Moneda de partidos como Revolución Democrática y Amplitud impidieron incrementar la afiliación a 0,5% del electorado que sufragó en la última elección de diputados.
El peso real de los partidos
El mapa de partidos también cambiará con las nuevas exigencias de refichaje, las que van a sincerar el padrón de militantes. Los abultados registros de afiliados de cada partido existentes a la fecha, según la información oficial que las directivas entregaban al Servel, contrastan con los escasos números de militantes que han sido refichados en estas colectividades. Luego de entrar en vigencia la Ley de Fortalecimiento de la Democracia, se exigió a los partidos reinscribir a 18.250 personas (equivalente al 0,25% de los votantes de la última elección de diputados) antes del 14 de abril. En caso contrario, el partido no será reconocido, pierde el financiamiento público y no pueden inscribir candidatos presidenciales.
Según los registros oficiales que el Partido Socialista entregó al Servel, en junio de 2016 tenía 118.883 militantes. Pero durante este proceso de reinscripción, hasta ahora, solo 17.767 decidieron ingresar al PS (15.110 nuevos y 2.657 refichados). Es el partido que registra los mejores índices. Casos como el de la Democracia Cristiana, donde figuraban 110.935 inscritos según el Servel, contrastan con los 15.012 militantes que han optado por seguir siendo parte de la falange. La situación más compleja la vive el PPD, donde, según los registros oficiales, hasta 2016 mantenía 95.193 adeptos. Hoy, en cambio, ha conseguido a duras penas atraer a 4.881 personas (2.990 nuevos miembros y 1.891 reinscritos).
La realidad que vive la oposición no es mejor. Mientras los registros del Servel aseguran que hasta junio del año pasado la UDI poseía 72.697 militantes, la realidad es que 5.283 personas han decidido sumarse a la tienda de calle Suecia. En el caso de Renovación Nacional, que ostentaba 92.253 militantes, según el Servel, ha logrado captar a un total de 7.881 personas para cumplir con la nueva normativa.
El Servel ha dado facilidades para la reinscripción vía online de los militantes, para que los partidos puedan cumplir con la meta antes de la fecha tope.
