En al menos tres oportunidades se les solicita, en una circular oficial, a más de 11 mil colegios, que se revise periódicamente si es que cada uno de los funcionarios de su establecimiento puede trabajar con niños y jóvenes o si es que su nombre está en el registro de todos aquellos que fueron condenados por delitos sexuales contra menores.
A pesar de este llamado, el año pasado la Superintendencia de Educación, detectó a 60 inhabilitados trabajando en el ámbito educativo, de los cuales 48 tenían contrato vigente para el período 2012- 2013. Estos, fueron desvinculados de sus funciones y sus antecedentes remitidos a las fiscalías correspondientes para verificar si es que hubo quebrantamiento de condena.
El encargado de la superintendencia, Manuel Casanueva, detalla que de esas 60 personas, ocho son docentes, 15 asistentes de la educación y también habían siete profesionales ligados a la educación, y que se desempeñaban, principalmente realizando evaluaciones de salud a los menores. En las fiscalizaciones también se detectaron 17 transportistas escolares y una psicopedagoga que trabajaba en una Asistencia Técnica Educativa (ATE).
Debido a esto, el superintendente señaló que se "abrieron procesos administrativos a 28 establecimientos; 14 municipales y 14 subvencionados, en los cuales trabajaban 23 asistentes y docentes (…) y en términos finales, tras los procesos, se aplicaron multas por 5.600 UTM, es decir cerca de $ 231 millones, a 13 establecimientos".
Los casos se detectaron tras varios cruces masivos de datos que hizo la entidad, con antecedentes de todo el personal de colegios municipales y subvencionados y los que actualiza sistemáticamente el Registro Civil.
Para los colegios particulares pagados, que no tienen la obligación de entregar los datos a la superintendencia, "la invitación es que nos hagan llegar todos los rut de quienes estén trabajando con ellos, o que directamente entren a la página del Registro Civil, donde es bien sencillo hacer la verificación", señala Casanueva.
Según datos del servicio, hasta el 2 de enero, el también conocido "registro de pedófilos" tenía catastradas a 1.553 personas con prohibición para trabajar con menores, de las cuales 17 eran mujeres.
Desde que entró en vigencia el listado, en octubre de 2012, hasta comienzos de año, se habían realizado más de 353 mil consultas.
"Necesitamos que se cierren todos los espacios posibles y la única manera de poder hacerlo es que se hagan todos los chequeos, que se hagan a conciencia", indica Casanueva.
Adelanta, que a fines de mes se realizaría un nuevo cruce de datos a nivel nacional. "Si el año pasado nosotros multamos a 13 establecimientos por no haber tomado todas las medidas preventivas y por no haber apartado de sus funciones a las personas, este año lo que nosotros esperamos es que la cifra llegue a cero. Lo que más queremos es que no estén en el sistema escolar".
