La Dirección de Presupuestos asignó al Ministerio de Desarrollo Social, desde 2011 a 2013, $ 12.263 mil millones para aplicar el cuestionario con el que se pretendía implementar la nueva Ficha Social. La decisión se tomó luego de que en 2010, un comité de expertos concluyera que la Ficha de Protección Social, instaurada en 2007 como mecanismo para la entrega de beneficios sociales, tenía falencias.

Desde entonces, el ministerio inició la preparación de la llamada Ficha Social, que en un principio estaba pensada para que rigiera desde enero de 2013. Pero fue postergada, y finalmente, el 26 de diciembre, el ministro Bruno Baranda anunció que no se implementaría durante este gobierno.

En la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) criticaron que se haya invertido esa cantidad de recursos en un instrumento que finalmente no fue puesto en marcha. "Se gastó un conjunto de recursos para lograr un resultado y ese resultado no se obtuvo y eso lo debería investigar la Contraloría, porque hay recursos fiscales involucrados", sostuvo el vicepresidente de la ACHM, Christian Vittori.

Sin embargo, el instrumento no ha sido desechado y la decisión de su puesta en marcha estará en manos del próximo gobierno, tras el anuncio de Michelle Bachelet de hacer cambios a la ficha.

Las críticas de la ACHM no son compartidas por el alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipios de Chile (Amuch), Felipe Guevara, quien considera la postergación de la nueva Ficha Social como una buena decisión. "Es una inversión en un mejor instrumento, no es plata botada a la basura, sino que va a dar frutos a futuro", sostuvo.

Guevara agregó que "el nuevo gobierno debe analizar la propuesta que se ha trabajado y tomarla o dejarla, pero lo importante es que haya una nueva ficha lo antes posible".

En el ministerio indicaron que, actualmente, más de siete millones de personas cuentan con la nueva ficha aplicada, lo que equivale a 2.100.000 familias. Aseguraron que "de ninguna forma son recursos perdidos", y añadieron que además de las más de dos millones de encuestas ya aplicadas se crearon 33 bases de datos administrativas para verificar la información reportada por las personas.

También, señalaron que en esa repartición se conformó la división de focalización, se creó un nuevo modelo de cálculo y se implementó un modelo de atención ciudadana que considera un call center, página web, tótems informativos y ordenadores de filas.

La molestia de los municipios no sólo tiene que ver con que han sido la cara visible ante los ciudadanos a través de sus departamentos sociales. También, plantea Vittori, "el fracaso de la nueva ficha ha significado gastos de recursos extras en cada municipio". Por ejemplo, indicó, en Maipú se destinaron $ 23 millones adicionales para poder aplicar, a las seis mil familias de esa comuna que ingresaron por primera vez al sistema, además del nuevo cuestionario, la Ficha de Protección Social. "Esto, porque la nueva ficha no tenía modelo de cálculo de puntaje y debíamos dar solución a esos vecinos que buscaban optar a un beneficio", enfatizó Vittori.

Pero desde el ministerio aseguran que el modelo de cálculo "sí se encuentra terminado" y argumentaron que "no se ha utilizado, porque fue creado para ser aplicado a la nueva ficha, herramienta que aún no entra en vigencia...". Dicen, además, que "a las familias que sólo tenían cuestionario nuevo, se aplicó el modelo de la Ficha de Protección Social para calcularles un puntaje y pudieran postular a los beneficios del Estado".