"Se pretende objetar mi derecho a cotizar en Dipreca. Ello carece de fundamento, toda vez que mi ingreso se habilitó en el año 2006, cuando por decreto del Ministerio de Justicia fui nombrada subdirectora técnica de Gendarmería". Este es uno de los extractos de la carta con la que Myriam Olate, ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS) y uno de los 11 ex funcionarios de Gendarmería a los cuales la Contraloría ordenó invalidar sus pensiones, defiende la legalidad de su cuestionada jubilación, que asciende a $ 5,4 millones.
En la misiva, que fue enviada a la comisión de la Cámara que investiga eventuales irregularidades en las pensiones otorgadas por el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Carabineros (Dipreca y Capredena), la ex subdirectora técnica argumenta que la Contraloría tomó razón de su pensión y que fue su titular, Jorge Bermúdez, quien "le dio curso sin observación alguna".
En la misma carta asegura no "haber realizado acciones" para aumentar su pensión. Y explica que el Ministerio de Justicia le pidió la renuncia a un mes de cumplir un año como subdirectora técnica, lo que, según ella, obedeció inmediatamente, a pesar de que si hubiese solicitado completar el año -indicó- habría recibido la indemnización dispuesta por las bases del concurso de Alta Dirección Pública, por el cual accedió al cargo: "Aquello desmiente la murmuración que me atribuye haber realizado acciones tendientes a aumentar mis ingresos para abultar mi jubilación".
La defensa de Olate se da luego de que la comisión investigadora citara a los 11 ex funcionarios de Gendarmería cuyas pensiones están en proceso de invalidación a realizar sus descargos en la instancia. Seis de ellos acudieron y expusieron ante los diputados, argumentando "no tener las competencias para interferir en el cálculo" de sus pensiones, según Oscar Garcés, uno de los involucrados. Estos argumentaron que sus jubilaciones "son producto" de su carrera funcionaria y que el monto promedio es de $ 2,2 millones, "lejos de las pensiones más altas".
"Esto ha significado una estigmatización en lo familiar y en lo social", añadió el suboficial mayor (R) Hernán Molina.
El presidente de la comisión, diputado Leonardo Soto (PS), dijo que "me parece positivo que algunos de los 11 funcionarios con jubilazos hicieran sus descargos". Sobre la misiva de Myriam Olate, agregó que "hubiese preferido que asistiera a la comisión, ya que en su carta no dice nada respecto de la manera cómo se le otorgó su pensión".
La diputada Karla Rubilar (ind.), también integrante de la instancia fiscalizadora, advirtió que "no me llamaría la atención si Dipreca termine no invalidando alguna de estas pensiones".
Dipreca debería entregar los resultados del proceso invalidatorio de las pensiones de los 11 ex funcionarios antes del 28 de febrero.
