Una nueva irregularidad denunció hoy el senador Alejandro Navarro en contra de la Intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe.
Esta vez, el parlamentario asegura que la autoridad regional, luego del terremoto, habría autorizado el desmantelamiento de la población Centinela 2, en Talcahuano.
Navarro presentó a Contraloría un video, captado por los propios pobladores, en el que Van Rysselberghe autoriza el desmantelamiento de los edificios de la población, proceso que no habría contado con la autorización o fiscalización ni del municipio ni del Ministerio de Vivienda, según denuncia.
"La actual situación de Centinela 2 es caótica. Aproximadamente 100 familias aún están habitando sus departamentos en circunstancias de que sus vecinos han desmantelado totalmente sus departamentos, generándose una situación de altísimo riesgo sanitario y de la integridad física de las personas, dado que dicha validación ha llevado al retiro de elementos del diseño estructural", sostuvo el senador.
El caso tiene su origen en una solicitud de los vecinos de Centinela 2 a la intendenta. Los pobladores le consultaron a la autoridad regional si podían desmantelar la población, a lo que ella responde positivamente, autorizando y validando dicha acción. "Todo esto en presencia del seremi de Vivienda, Enrique Matushka. Otro acto irresponsable, cuya legalidad debe ser evaluada respecto a la seguridad y la calidad de vida de las personas", dijo Navarro.
"Ante la gravedad de los hechos, hemos solicitado a la Contraloría General de la República un dictamen administrativo para que se pronuncie acerca de la legalidad y probidad de las acciones señaladas, que han sido cometidas por la Intendenta de la VIII región, doña Jacqueline Van Rysselberghe", explicó.
"Cuando una vecina le pregunta en la asamblea si ellos pueden desmantelar, la Intendenta responde 'sí, absolutamente sí', recibe aplausos y dice que lo hagan con cuidado, pero no señala las autorizaciones necesarias, los trámites ni nada", acusa Navarro. A su juicio, la intendenta dio una autorización "de manera irresponsable y negligente".
"Con ello no sólo ha violado la ley, sino que ha puesto en peligro la seguridad y salud de los vecinos, de los que desmantelan improvisadamente y de los que se han quedado en el lugar", concluyó.