El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó la formación de un grupo de trabajo para contrarrestar las eventuales consecuencias del informe Goldstone, que acusa a Israel de crímenes de guerra en Gaza.

La creación del equipo fue aprobada anoche en una reunión en la que el jefe de gobierno rechazó, en cambio, el establecimiento de un comité que investigue las alegaciones del informe, lo que evitaría que el texto se debatiese en el Consejo de Seguridad de la ONU, informan hoy medios locales.

El grupo estará liderado por el Ministerio de Justicia e incluirá también representantes de las carteras de Asuntos Exteriores y Defensa, así como del Ejército.

Su misión será aconsejar actuaciones en los campos legal, diplomático y de las relaciones públicas frente a la creciente presión internacional a raíz del informe, que analizó la ofensiva militar israelí "Plomo fundido" en Gaza de hace diez meses, en la que murieron unos 1.400 palestinos, en su mayoría civiles.

El documento, que también acusa a Hamas de crímenes de guerra, recibió este mes la luz verde del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para elevarlo al Consejo de Seguridad y eventualmente al Tribunal Penal Internacional de La Haya en el caso de que las partes no lleven a cabo una investigación independiente sobre los hechos.

Anoche, Netanyahu dejó claro que no se interrogará a militar alguno en Israel sobre su actuación en la ofensiva de su Ejército, y que el autor del documento, el juez sudafricano Richard Goldstone, ha tildado de "castigo colectivo" contra la población de Gaza.

"Está fuera de toda discusión. Los procedimientos (de investigación) del propio Ejército son excelentes", dijo Netanyahu en alusión al análisis, dirigido por cinco coroneles, que concluyó el pasado abril que Israel no cometió crímenes de guerra ni disparó de forma deliberada contra civiles palestinos, aunque sí cometió "errores", como el que mató a 21 miembros de la misma familia.

Crecen, sin embargo, las voces en el Ejecutivo israelí a favor del establecimiento de una comisión nacional de investigación, no por cuestiones éticas, sino para evitar riesgos legales y de mayor deterioro de la imagen exterior del país.

Cinco ministros de tres partidos distintos, Michael Eitan, Avishay Braverman, Uzi Landau, Dan Meridor e Isaac Herzog, ya han mostrado públicamente su apoyo a la idea.

También el jefe de la diplomacia israelí, Avigdor Lieberman, ha empezado progresivamente a ver la formación de la comisión con buenos ojos, como un posible freno a la presión internacional, según una fuente gubernamental citada hoy por el diario "Haaretz".

Por su parte, el titular de Interior, Eli Yishai, aboga por hacer públicas las actas de las reuniones del Ejecutivo durante la ofensiva para mostrar al mundo la "sensibilidad" con que se tomaron las decisiones.

En el extremo opuesto están el ministro de Defensa, Ehud Barak, y el jefe del Estado mayor, Gabi Ashkenazi, que se oponen con vehemencia a la medida.

El sábado, la oficina de Netanyahu se apresuró a desmentir tajantemente en un comunicado que el primer ministro se plantee establecer una comisión interna, después de que así lo diera a entender una ambigua frase suya en una entrevista a "The Washington Post".